Hace unos meses una periodista muy conocida en Las Palmas de Gran Canaria se plantificó en la Supercomisaría para denunciar que estaba siendo víctima de un anónimo que le enviaba mensajes a través del correo electrónico. Eran varios e-mail con contenidos claramente amenazantes, insultantes y sexistas, con incursiones en la vida privada de la periodista, a la que le endosaban amantes y le proponían actos sexuales con los que probablemente siga soñando ansioso el emisor de los correos. La periodista pudo aportar varias direcciones IP desde donde procedían los mensajes, de modo que se facilitara la labor a los investigadores. La Policía puso el asunto en conocimiento del juez de guardia, Tomás Martín, titular de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que ordenó las pesquisas de rigor. Las gestiones condujeron a varias direcciones, entre ellas algunos inmuebles de la capital y ciertos centros directivos del Gobierno de Canarias, lo que significaba que el autor de los correos tenía acceso a ordenadores oficiales. Hubo algunos interrogatorios y la intervención de líneas telefónicas vinculadas a las direcciones IP. Hasta que, de repente, dieron con el jefe de prensa de Soria.