Lo mantuvieron en secreto los concejales socialistas en el Puerto de la Cruz, hasta que el asunto llegó al pleno y se destapó la estampida. Se hizo un silencio sepulcral. De Ara mascaba chicle y callaba. Y Marcos Brito, todavía alcalde, balbuceaba algo así como que a sus concejales les concedía libertad y que si “don Pepe de Ara no ha querido estar en la Mesa, pues no pasa nada”. No está mal la interpretación que hace el alcalde de la libertad de movimientos de sus concejales y de las razones que da el interesado (con perdón) para no estar en una Mesa de Contratación. Porque no nos negarán que no resulta llamativo que en una adjudicación de casi 31 millones de euros para diez años, el concejal responsable del servicio tome las de Villadiego y se desentienda del asunto porque no le dejaron tocar bola en el momento procesal oportuno. Y como nada pasa en ATI que no sirva para meterse con el ministro de Justicia, va el alcalde y lo menta por nombrar al Fiscal General del Estado y ser del mismo partido que el portavoz ranillero, Salvador García Llanos, al que tildó de “fiscal teledirigido”.