Dos ministros muy corruptos

Pasará mucho tiempo, probablemente el tiempo que los electores y los partidos “constitucionalistas” españoles le presten de más al PP, hasta que podamos conocer en toda su magnitud la profundidad de la pocilga en la que ha chapoteado este Gobierno, ahora en funciones. La revelación de que el ministro del Interior, nada menos que el ministro del Interior, ha conspirado utilizando la maquinaria del Estado contra sus adversarios políticos podría ser solamente la punta del iceberg, un botón de muestra de lo que muy probablemente haya sido la política policial y judicial del Partido Popular estos cuatro años y medio de Gobierno de Mariano Rajoy.

Los medios de la cloaca, los que han compartido estos años con Jorge Fernández Díaz y con la cúpula policial que el ministro montó para perpetuar las terminales del PP en el Cuerpo Nacional de Policía, conocen un montón de casos en los que los comisarios al servicio del Gobierno han actuado completamente al margen de la ley para fabricar pruebas contra las personas, los partidos e incluso las instituciones que hayan podido resultar molestas este tiempo. Periodistas cloqueros, como se les conoce en el mundillo, que por supuesto han colaborado eficazmente para la divulgación de investigaciones fantasmas, de acciones que nada tienen que envidiar a los inquisitoriales expedientes de la Brigada de Información franquista. Periodistas imprescindibles para que ese esfuerzo de corrupción pudiera transformarse en noticias de apertura de respetables diarios de tirada nacional, o nuevas webs alentadas por empresarios a los que el Gobierno ha obligado a financiar para que la conspiración fuera redonda. Periodistas que presumen de ser patriotas defensores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las víctimas del terrorismo, de las esencias más respetables de la españolidad, que se han prestado pornográficamente a este sucio juego destinado exclusivamente a acabar con personas honradas que sólo han cometido el delito de pertenecer o relacionarse con partidos políticos que en un futuro esperemos que no muy lejano puedan levantar las tapas de las alcantarillas para que salga por ella toda la mierda acumulada estos últimos cuatro años y medio.

Fernández Díaz no ha actuado por su cuenta. Lo reconoce él mismo en una de las conversaciones que le grabó el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, el magistrado –sí, magistrado- Daniel de Alfonso: de esto está al corriente el presidente del Gobierno. Pero aunque no lo reconociera, es evidente que tanto ventilador funcionando a la vez no puede pasar desapercibido a nadie, ni siquiera a Mariano Rajoy. Más cabría pensar que el presidente del Gobierno, como mucho, ha mirado para otro lado pronunciando el conjuro mágico: “Yo no quiero saber nada, tú sabrás lo que haces”.

Y ese comportamiento mafioso desde la mesa del Consejo de Ministro se le contagió de inmediato a José Manuel Soria, cómo no. Conocer, como seguramente conocería, que su colega de Interior utilizaba a su antojo a la Policía, a un juez en excedencia, a periodistas de las cloacas y a la Fiscalía General del Estado era demasiada tentación como para no probar con sus adversarios políticos y mediáticos.

Así fue como Soria puso en marcha en diciembre de 2015 su particular investigación corrupta contra la jueza en excedencia Victoria Rosell, por entonces candidata al Congreso por la misma circunscripción que el ex ministro de Industria. Soria, como es por todos sabido, activó a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que abrió una investigación completamente ilegal (ya hay una sentencia del TSJC que así lo asegura) que fue convenientemente filtrada al periodista de El Mundo Fernando Lázaro para montar una campaña de descrédito contra la magistrada.

El mismo periodista, por cierto, que se encuentra ahora investigado (imputado, que se decía antes) por haber aventado un informe fantasma de la UDEF sobre la todavía más fantasma cuenta en Suiza del ex alcalde de Barcelona Xavier Trías. Por cierto, junto a Lázaro se encuentra imputado otra joya del periodismo de las cloacas, Eduardo inda.

La operación montada por Soria contra Rosell le funcionó a medias. Porque si bien es cierto que los titulares de El Mundo, reproducidos casi con la misma saña por La Provincia, Diario de Las Palmas, desgastaron muchísimo la imagen de la magistrada, lo cierto es que aquella acción de la Fiscalía acabó sin éxito: el Poder Judicial archivó las diligencias abiertas asegurando que Rosell no había cometido ninguna irregularidad.

Paralelamente, Soria ya había dado otro paso en la cacería decretada contra la que fuera cabeza de lista de Podemos por Las Palmas. Logró que al frente del juzgado que la magistrada dejaba vacante le colocaran a un juez que fuera capaz de las trapacerías más intolerables. Ese juez, Salvador Alba, levantó todas las alfombras que pudo, maquinó con la fiscala Evangelina Ríos, intentó afear a su antecesora con resoluciones extravagantes, elaboró al menos tres informes poniendo en entredicho su profesionalidad y hasta coaccionó a un investigado, el empresario Miguel Ángel Ramírez, para que en una declaración pactada dijera lo que quería oír para completarle al ex ministro de Industria la mierda de querella que había interpuesto contra Victoria Rosell de la mano de otro “servidor público” de cuidado, Eligio Hernández.

De momento toda esta piara de agentes de las cloacas del Estado ha conseguido el primer propósito que se proponía: que una rival política directa (misma circunscripción electoral) de José Manuel Soria no pudiera presentarse a las elecciones por el estricto código ético de Podemos. Fue pura justicia poética que al tiempo Soria fuera descubierto en una de las vertientes que más ha cultivado en su vida política: los negocios paralelos con empresas y cuentas en paraísos fiscales. De momento está fuera de combate, pero ya lo están intentando rehabilitar.

Mientras en Catalunya se reúne de inmediato el Parlament para destituir fulminantemente al magistrado Daniel de Alfonso por haberse prestado a unas componendas antidemocráticas y sospechosas de delito con el ministro del Interior, el Consejo General del Poder Judicial todavía no ha apartado cautelarmente a Salvador Alba de su puesto en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Y sigue apareciendo como sustituto en juzgados de Gran Canaria y, también seguramente de la mano de Soria, se le coloca al frente de juicios por corrupción porque ésa es la única oportunidad que les queda a los acusados, mayormente de Lanzarote.