Los cambios en las bases del concurso que alega don Pepito y otros le jalean con serpentinas y confeti consistieron talmente en rechazar o admitir parcialmente algunos contenidos propuestos por determinados concursantes, por ejemplo, programas de tarot o de discos dedicados. No se cambió ningún criterio, sino que la mesa de adjudicación decidió catalogarlos de la manera que creyó más oportuna, y así consta en las actas. Las licencias otorgadas a Miguel Concepción no fueron a las mismas empresas porque sencillamente se presentó a través de varias, incluso en algunas de sus ofertas aparecía su nombre de pila como administrador de Canal 4, el nombre comercial de su emisora. No hay constancia de que se presentara a una comarca con una identidad mercantil y se le otorgara a otra de su propiedad. Ninguna constancia. Y, por último, la acusación de que se admitieron ofertas fuera de plazo no se sostiene lo más mínimo, especialmente por el método que han tenido los denunciantes para verificarlo: han abierto los DVD de algunos de los licitadores y han descubierto que fueron creados/grabados en abril o mayo de 2011, cuando el plazo expiró en septiembre de 2010. Esos DVD fueron grabados, efectivamente, al abrir el sobre 2 del concurso, a través de una encomienda hecha al ITC por la Viceconsejería de Comunicación al descubrir que algunos de los que presentaron los licitadores estaban dañados, no se podían abrir o se habían roto en el almacenamiento. Los funcionarios de la encomienda escanearon las ofertas afectadas por esa incidencia, grabaron nuevos DVD y certificaron la naturaleza, alcance y fidelidad del encargo, como consta en el expediente. Si la fiscalía llamara a declarar al Gobierno posiblemente todo se habría aclarado y ahorraríamos a don Pepito un par de sofocones editoriales.