Como era de esperar, Domingo Berriel se amparó políticamente en un auto judicial del TSCJ que en febrero del año pasado archivaba una pieza separada remitida por el juez que instruye la operación Góndola. Y dice el consejero que el alto tribunal adoptó esa resolución “una vez oídas” las conversaciones entre él y el empresario Santiago Santana Cazorla. La afirmación es totalmente falsa porque ningún magistrado del TSJC escuchó ni una sola de las grabaciones de esta instrucción, sencillamente porque no las pidieron. En el mejor de los casos, sus señorías se basaron en las transcripciones que todos nuestros lectores han podido leer. Posiblemente si hubieran pedido las grabaciones y escucharan el tono de familiaridad, el compadreo, los ricos matices de la expresión oral, los puñetazos en la mesa, los tacos... se habrían formado otra opinión. Pero ya es tarde, qué se le va a hacer.