Proteger a Soria de las inclemencias democráticas y judiciales es la consigna. No se puede someter a tan alta personalidad de la Comunidad Autónoma a ningún test sobre sus propios comportamientos, y en ese afán el régimen se lleva por delante los principios más elementales de la convivencia democrática. El último vergonzante episodio de esta consigna lo acaba de protagonizar la Mesa del Parlamento, con su presidente, Antonio Castro Cordobez, desempeñando de nuevo el papel de monigote de Coalición Canaria y el PP. El rechazo a una pregunta parlamentaria de la diputada socialista Gloria Gutiérrez sobre las sentencias que condenan al vicepresidente a pagar las costas judiciales es, además de una vulneración del reglamento y de las normas básicas del control y fiscalización del Gobierno, una torpeza que ya están pagando sus defensores. Porque, además del debate parlamentario que, a su pesar, se terminará produciendo, ya han levantado una innecesaria polémica con esta negativa.