Noruega será siempre para José Manuel Soria un país maldito. Lo sentimos por él porque va a ser el ejemplo que utilicemos hoy para analizar con detalle su estulticia en torno al petróleo, embarque en el que ha metido a sus más conspicuos seguidores y a otras personas que creíamos inteligentes y que se ven compelidas a hacerle la ola en el asunto como si fuera profesión de fe. Es el caso del nuevo y muy flamante (punta en blanco) presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara y Benitez de Lugo, que aprovecha cualquier oportunidad para defender las prospecciones en las cercanías de las costas canarias como si le fuera la vida en ello. Efectivamente, Noruega ejemplifica el país que explota de manera inteligente las enormes riquezas petrolíferas que atesora, unas riquezas que nada tienen que ver con las todavía hipotéticas posibilidades de las cuadrículas que el Gobierno de España ha autorizado a Repsol con la premura soriana por todos conocida. El ejemplo noruego acostumbra a ponerse como paradigma de incidencia directa del petróleo en el bienestar de los ciudadanos, extremo que en absoluto está garantizado en Canarias, por más que se empeñen los defensores de las prospecciones. El modelo noruego gira en torno a una compañía, Statoil, fuertemente participada por el Estado (67%), compañía que encima ha de pagar a las arcas públicas unos fuertes impuestos por la extracción de combustibles fósiles (gas y petróleo), lo que sumado a los beneficios que la petrolera obtiene, garantiza el retorno económico para todos los noruegos, de modo y manera que cualquier hipotético accidente que pudiera producirse en las costas del país estarían al menos compensados de antemano por la riqueza que a la ciudadanía ha correspondido disfrutar desde el minuto uno. Statoil, además, es un ejemplo mundial de gestión ambiental, capítulo en el que Repsol está lejos de ser un referente, como prueban demasiados ejemplos. La petrolera noruega, dicho sea a título ilustrativo, tiene un plan de contingencias para la compensación económica y cobertura de riesgos que cubre el cien por cien de los posibles daños, y está certificado tal plan por un auditor externo que sortea los posibles conflictos de intereses. Todos esos factores han convertido históricamente la explotación petrolífera noruega en un hecho aceptado y querido por los noruegos, un ejemplo único y casi irrepetible en el mundo. El presidente de la patronal canaria sabe de sobra que ese no es el modelo español, y por lo tanto, no será el modelo canario: Repsol y sus socios explotarán los yacimientos cercanos a Canarias (de existir), aplicarán los estándares de seguridad y sostenibilidad mínimos exigibles, y se repartirán los dividendos de la manera acostumbrada, ingresando en las arcas del Estado exclusivamente los impuestos correspondientes para nutrir la caja única de Hacienda, que repartirá esos ingresos de la manera acostumbrada entre todos los territorios españoles, estén sometidos o no al riesgo ambiental de las extracciones. Si eso no lo sabe Manrique, ya está tardando en empollárselo.