Ha tenido que ser finalmente la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado la que haya reconocido la muerte de Javier Quesada como una de las que debieron acogerse a la modalidad de las producidas bajo el régimen franquista y/o sus secuelas posteriores. Ana Oramas, diputada nacional por el tercio de CC, apoyó los plazos de la llamada Ley de Memoria Histórica sin percatarse de que se le quedaba fuera un muerto del municipio del que es alcaldesa por una simple cuestión de alargamiento de los plazos. Ahora, aunque no tendrá los honores de ordenanza, al menos la familia recibirá una compensación económica que palíe de alguna manera la falta de reconocimiento oficial. Tienen la noticia en nuestra edición de hoy.