La paradoja Pomares

Un “prolijo” dictamen pericial de parte. Desde que el periodista Francisco Pomares fue abiertamente acusado de haber falsificado dos documentos que figuran en su expediente como profesor de La Laguna, el culebrón no ha parado de crecer. Ante la citación que le envió la Universidad, el profesor reaccionó encargando a una perita de parte un informe que demostrara que una de las dos firmas y los dos sellos que aparecen en esos documentos son auténticos, lo que la perita, obviamente, certificó. A la institución académica, sin embargo, ese informe pericial de parte, calificado por la prensa calavijista como “prolijo” y más propio de la NASA que de estas islas asirocadas,  le dio exactamente igual, no así el fondo del asunto, cual es la conveniencia o no de expurgar de un expediente que obra en sus archivos dos documentos que pudieran haber sido falsificados, y en  consecuencia, ser la prueba de la comisión de uno o varios delitos preciosamente descritos en el Código Penal. Antes de tan audaz aventura, la de expurgar unos documentos cuyos dos firmantes aseguran son falsos, la Universidad de La Laguna ha preferido hacer un pronunciamiento muy pintoresco: como esos certificados no fueron decisivos para la alta puntuación que alcanzó el profesor Pomares en su concurso para obtener la plaza, no fueron tenidos en cuenta y, por lo tanto, vamos a hacer como que no existen. La institución ha optado por no entrar en guerra con un columnista de pluma afilada ni con el partido -Coalición Canaria- que ahora lo aúpa a un cargo público, el de vocal de la junta de control de la Radio Televisión Canaria (RTVC), y mantener en sus archivos unos documentos que solo apartará si el asunto entra en la vía penal y se produce algún día una sentencia firme que concluya que hubo un delito de falsificación. Cuando ese momento llegue, si llega, expulsará a Pomares de la Universidad. Mientras tanto seguirá formando periodistas del futuro.

¿Quién confeccionó los certificados falsos? De ser cierta la versión de la perita de Pomares y la que el profesor y periodista sostiene por tierra, mar y aire, nos encontraríamos ante una paradoja solo comparable a la de Marty McFly en Regreso al futuro: ¿podría el protagonista de esa popular trilogía matar a su padre? ¿Podría ocurrir que el principal accionista de Plató del Atlántico y su directora de Producción en Report Line certificaran lo que Paco Pomares dice que le certificaron, esto es, que fue alto cargo de aquella primera productora y colaborador estrecho de esta segunda confeccionando guiones y participando en la creación de formatos televisivos? Si lo hicieron, ¿cómo es posible que ambos sostengan ahora que jamás lo hicieron? De ser auténticos los certificados nos encontraríamos con que Paco Pomares trabajó efectivamente para Lucas Fernández y para algunas de sus más afamadas producciones, pero eso es lo único que hasta ahora no se ha atrevido a afirmar tajantemente el afectado, que como mucho llega a sostener que los certificados son auténticos, lo que en este mundo de trampantojos no ha de significar necesariamente que lo que se diga sea verdad. Una paradoja, ya lo sé, pero así está operando este culebrón. Centrémonos entonces en los certificados: si no los firmaron ni Lucas Fernández ni su directora de Producción, ¿quién los confeccionó?; ¿quién tenía acceso a los sellos de esas dos empresas para poder utilizarlos sin dejar ningún rastro de sospecha? Muy sencillo, un amigo común de ambos contendientes, un periodista que durante algún tiempo de aquel año 2014 fue hospedado en las instalaciones de Plató del Atlántico para que las usara como oficina. Seguramente lo llamarán a declarar. Pero no en la Universidad de La Laguna, sino en algún juzgado de Instrucción.

El PSOE quedará retratado. Así las cosas, el Parlamento de Canarias se dispone a votar la presencia de Francisco Pomares en el órgano que habrá de controlar la radio y la televisión públicas de Canarias. Lo hará porque sus servicios jurídicos, en manos de un histórico de ATI, Salvador Iglesias, que es el que manda en el Parlamento, ha resuelto que la lista con todos los vocales propuestos por los partidos políticos con representación parlamentaria ha de ser votada conjuntamente. Nueva Canarias y Sí Podemos habían pedido votación separada para votar en contra de Pomares, pero una interpretación restrictiva de la ley, según la cual votación simultánea viene a significar lista cerrada, lo va a impedir. Dado que se trata de un listado de nombres que fue largamente negociado para poder sacar de él a personas molestas, peligrosas e insalubres, el PSOE no ha querido volver a abrir la caja de Pandora y esperará, como la Universidad de La Laguna, a que la jurisdicción penal resuelva si el vocal Pomares es digno o no de formar parte de ese órgano de control. Como con Blas Acosta, para entendernos.