El pleno que tiene previsto celebrar este viernes el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pasará a la historia de la ciudad, y no precisamente por un acuerdo para el avance, sino todo lo contrario. El grupo de gobierno (ATI-CC y PP) propondrá unas duras y restrictivas modificaciones del reglamento que recortarán drásticamente los derechos y deberes de los concejales. Pero, además, el pleno, como máximo órgano de representación de la ciudadanía, verá recortadas sus capacidades de expresión. En fin, un retroceso en las normas de conducta democráticas de cualquier institución del siglo XXI en un Estado de Derecho, un cerrojazo a la actividad y a la capacidad de la oposición en sus funciones de control democrático.