Cargarse la Cotmac y cualquier órgano de control urbanístico. Esa es la consigna que anda extendiendo allí donde se le escucha el PP canario, que amparándose en el exceso de burocracia (cierto) y la huida de capital inversor a otros lugares con menos rigideces (cierto también) hace tabla rasa de cualquier mecanismo que frene esa ansia viva que tienen algunos cargos públicos municipales por dar el campanazo de su vida. El otro día les comentábamos aquí una sabrosa entrevista realizada en la radio autonómica a Pepa Luzardo, que incomprensiblemente llegó a alcaldesa de la principal ciudad del archipiélago. Insustancial como ella sola, se le entiende perfectamente cuando aborda estos temas urbanísticos, lo que nos lleva a sospechar que están suficientemente madurados y ensolerados en largas sesiones espiritistas celebradas en su partido. Metida en el berenjenal de su imputación por el caso Canódromo, Luzardo soltó una perlita que no debería pasar inadvertida: “el caso del Canódromo es un convenio para un parque público y un edificio de uso público (...) exactamente lo mismo que hice yo con El Confital, que si no llega a ser por aquel convenio ahora estaría como antes, lleno de chabolas”. El fiscal de Medio Ambiente lo ha recalcado estos días: muchos convenios urbanísticos no han tenido como principal objetivo el interés general. Pero analicemos lo de El Confital, que tiene su miga.