Nos hemos reservado para el final un titular muy significativo, pero no por ello el más ofensivo de la jornada: “El Gobierno canario pagó 29.000 euros por un informe plagiado”. Ese pago se produjo en el marco de lo que se ha dado en llamar el caso Amorós y consistió en aflojar una pasta por un informe que no era otra cosa que una copia de un documento que se encontraba en la web del Banco de España. El director general del Tesoro, que trabajaba a las órdenes de Adán Martín, entonces consejero de Economía y Hacienda, permitió esta chorizada para poder pagar a alguien que muy probablemente estaba haciendo otro tipo de trabajo para su partido, que no era precisamente el socialista. Lo dice el Boletín Oficial del Parlamento, una institución que toda esta pandilla de salteadores de caminos ha dejado con la credibilidad bajo mínimos. Y encima piden responsabilidades a los únicos que han tenido la gallardía política de asumirlas.