El presidente del Supremo, que además lo es del Consejo General del Poder Judicial, José Hernando, estaba en Brasil cuando se enteró de que seis asociaciones del ámbito del Derecho, así como 300 jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, catedráticos y profesores de Universidad, abogados y otros profesionales habían divulgado un manifiesto criticando muy duramente algunas medidas electoralistas del PP, particularmente la de rebajar la edad penal a los doce años. Sin nombrar a ese partido, que es el que precisamente mantiene bloqueada la renovación del órgano de gobierno de los jueces, los firmantes, entre los que se encuentran algunos profesionales canarios, critican propuestas legislativas hechas “con desconocimiento del objeto de regulación” que pretenden endurecer las penas como solución mágica para reducir los índices de delincuencia o que “presentan a los menores y a los inmigrantes como fáciles chivos expiatorios para concentrar sobre ellos el rechazo social”. Comprendemos el cabreo del señor Hernando. Ya se le pasará con algunas dosis de democracia y de artículo 20 de la CE.