La historia es más sorprendente a medida que se van conociendo detalles sobre la misma. Por ejemplo, más tarde se supo que para llegar a ese allanamiento en Anarda, la UDYCO destinó a seis agentes para vigilar a Cristóbal Peñate a toda hora, incluso en dos lugares distintos y muy distantes entre sí de modo simultáneo, como la redacción de la revista, en El Sebadal, y el despacho que el periodista ocupaba en el Ayuntamiento de Ingenio, donde entonces colaboraba con el Gabinete de Prensa. La vigilancia, teóricamente montada para detectar quién mandaba unos mensajes anónimos a un móvil desde un ordenador, duró alrededor de mes y medio. Una vez en la Supercomisaría, el lunes siguiente, tanto Peñate como su redactor jefe se acogieron a su derecho a no contestar las preguntas de la Policía y pedir hacerlo ante un juez. Ese mismo día, ambos periodistas presentaron una denuncia contra la Policía en el juzgado de guardia.