Cuantos más detalles vamos conociendo del insolidario recorte de la ayuda a los mayores dependientes peor suenan las explicaciones del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Primero dijo su concejala de Asuntos Sociales, Rosa Viera, que no quedaba dinero; ahora dice el concejal de Hacienda, Agustín Gutiérrez, que dinero sí hay, pero que no se puede gastar en esa partida porque se sobrepasaría la asignación que por concurso puede cobrar la empresa que presta esa ayuda domiciliaria. ¿Y el concurso? Oh, el concurso. El concurso “es una prioridad”, afirma la concejala del área, pero en dos meses no lo ha desbloqueado porque dice que hay reparos de los técnicos. ¿Los técnicos? ¿Los mismos que el PP pone en cuarentena por haber otorgado indebidamente la ayuda domiciliaria a nada menos que 1.000 mayores dependientes? ¿O ya no es esa sospecha lo que lleva al PP a reducir a la mitad el número de beneficiarios? A ver, que nos estamos haciendo un lío. Primero fue que se había gastado el dinero y que, no obstante, había 1.000 beneficiarios de más que había que dar de baja; ahora es que el dinero está pero no está el concurso, y como se van a ahorrar 3,3 millones, éstos sí que están. ¿Los han descontado de la deuda oculta que aseguran se encontraron cuando llegaron y abrieron un cajón? Ya, ya sabemos que es un lío, pero las cosas se lían cuando la verdad se mezcla con la mentira y las intenciones ocultas se camuflan entre mil razones imposibles. El resultado final es que 1.000 mayores de Las Palmas de Gran Canaria se quedan sin ayuda a domicilio. Y los impuestos sin bajar.