La decisión del Fiscal Anticorrupción debe haber caído como una bomba en el Partido Popular de Canarias, y por las tres dimensiones que presenta. Porque que a la investigación de oficio iniciada por la juez Victoria Rosell ante los anuncios de soborno de la doctora Palop, jefa del Servicio de Nefrología que elegía la mejor oferta en el concurso de la hemodiálisis, se suma ahora la Fiscalía Anticorrupción, lo que significa que ese departamento ha apreciado indicios de que el concurso tiene ingredientes que son de su competencia. Es decir, que puede haber habido corrupción. Pero que encima envíen desde Madrid a un fiscal no contaminado por las cosas que tiene el pueblo pequeño en que vivimos, empeora las previsiones que los populares habían dibujado en su hoja de ruta. Porque lo que Soria y sus satélites jurídicos pretendían era forzar al archivo de la causa, primero arrebatando a la magistrada Rosell el sumario con insidias relacionadas con sus diferencias con el PP. Y luego con sesudos comentarios jurídicos elaborados por el submarino que la derecha tiene en el PSOE, Eligio Hernández, que ha dicho que no ve legal la apertura de investigaciones de oficio. Le faltó añadir: “cuando éstas puedan perjudicar a mis amigos del PP”.