Ildefonso Jiménez, uno de los hombres de la máxima confianza de Paco Santiago, dimitió en noviembre pasado tras resultar condenado en primera instancia por el caso Alisios, un asunto urbanístico en el que quedan por juzgar unos presuntos delitos de falsedad documental en los que está implicado una de las manos derecha de Guillermo Reyes, José Luis Mena. Sin esclarecer la autenticidad de los documentos que acabaron por incriminar a Jiménez, la juez Mónica Oliva, hija del ex concejal del PP Carmelo Oliva, acusado en el caso Faycan, lo condenó a 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación. El ex concejal de Urbanismo de Telde, como hizo Paco Santiago este viernes, dimitió antes de apelar la sentencia ante la Audiencia Provincial y antes de ver en qué quedan las presuntas falsificaciones de Mena. A Santiago otra juez, Eva Armesto, lo condena ahora por prevaricación administrativa, es decir, por tomar una decisión injusta a sabiendas. La decisión injusta ha sido, en última instancia, propiciar la construcción en La Pardilla del centro de Yrichen, una fundación ejemplar que desde hace 25 años se dedica a ayudar a las personas con problemas de drogodependencia y a sus familiares. El terreno sobre el que se prevaricó era de titularidad pública y sobre él se construyó un edificio financiado por el Ayuntamiento, por el Cabildo, por el Gobierno de Canarias y por particulares que echaron una mano. El suelo se destinó a ese fin sin cumplimentar adecuadamente las modificaciones administrativas precisas, que luego fueron bendecidas por los irreductibles técnicos de la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias, la Cotmac. No parece que se haya prevaricado para beneficiar a un particular, ni en una operación alambicada en la que, en el último recodo del camino, apareciera un pelotazo de algún espabilado. Los espabilados estaban del otro lado, del lado de los denunciantes. Lejos defender el interés general, esos denunciantes se erigieron en ejecutores de un ex alcalde con el que han podido acabar por una operación absolutamente justificable. Del lado de los cobardes que tiran la piedra y esconden la mano, los miembros de la Junta de Gobierno que aprobaron con sus votos la obra de Yrichen y sus reformados y que, años después, con la misma mano que levantaron para votar favorablemente y salir en la foto de la solidaridad, firmaron la autorización para contratar al despacho de José Mateo y ejecutar esta charlotada. Una de esas manos tontas es la de Paco Valido, alcalde del periodo negro, para el que la Fiscalía pide seis años de prisión por corrupción. Esos no dimiten. Esos son dignos de seguir mamando de la teta.