El político del que les hablamos pasa sus vacaciones veraniegas, muy merecidas por supuesto, en el hotel Volcán Lanzarote, perteneciente a la cadena del Grupo Martinón, cuya cabeza visible es el empresario Francisco Armas, dueño de Horinsa y uno de los detenidos en la última fase de la operación Unión, el caso de corrupción más grave de cuantos se han detectado en Canarias. Pero no es esta presencia la única de una autoridad pública que tenemos registrada en ese hotel después de que su ilegalidad se declarara en sentencia firme. No hace mucho más de un año, la Consejería de Presidencia y Justicia, en manos de José Miguel Ruano hasta julio pasado, organizó unos talleres para los jueces de Canarias en ese mismo hotel. Allí se pernoctaron y debatieron, invitados por el Gobierno, jueces de varias jurisdicciones y de todas las asociaciones judiciales, la inmensa mayoría de ellos ignorantes de que utilizaban los servicios de un hotel declarado ilegal por los mismos tribunales de los que algunos de ellos han formado parte. Escandalizados, algunos jueces se dirigieron a la superioridad quejándose de la desafortunada elección, pero ahí siguen los hoteles, tan campantes, y el político objeto de nuestro cuento disfrutando de la hospitalidad y la profesionalidad de los propietarios del hotel Volcán.