Habrán leído en nuestro periódico (y a partir de este jueves lo verán en los demás sin citarnos) que la juez que ha heredado el sumario de la operación Góndola, Mónica Oliva, ha llamado a declarar a varias personas en calidad de imputadas y a otras más como testigos. El asunto sigue vivo, por mucho que algunos medios de comunicación, embelesados por los cantos de sirena del régimen, dieran por zanjada la imputación del empresario Santiago Santana Cazorla cuando se archivaron aquellas groseras conversaciones telefónicas del tornillus apretandis, dicho en fino para que nos entendamos. Junto a él, figuran como imputados estelares personajes que siguen haciendo de las suyas en Mogán, como nuestro admirado Francisco González, Paquirrín. Las nuevas imputaciones, miren ustedes qué cosas, enlazan directamente con los orígenes de la investigación de Góndola, esto es, los intentos de legalizar una depuradora en Taurito, propiedad de Santana Cazorla, al que se le fue la mano y al que quiso echar otra Paquirrín, que salpicó con ello a José Jiménez, uno de los nuevos imputados.