Riu y los taparrabos

Habló Riu. Y lo hizo este jueves, víspera del Consejo de Gobierno que habrá de abordar la protección del Oasis de Maspalomas, para proclamar que el palmeral es suyo, que todo aquel sitio que se pretende preservar para el uso y disfrute público, para hacer valer los viejos acuerdos y sentencias que jamás se cumplieron, están inscritos a su nombre y libre de cargas en el Registro de la Propiedad. Que intoxicamos los que decimos que una buena parte de ese suelo, unos 30.000 metros cuadrados, son zona verde, y que las zonas verdes, como las sentencias, son imprescriptibles. Es el único argumento –el de la propiedad- esgrimido en un escueto comunicado enviado a todos los medios informativos para hacer valer el concepto de intocabilidad de la “propiedad privativa” frente a cualquier otra consideración que el Gobierno de Canarias pudiera tener la tentación de aplicar, leyes en mano. Es absolutamente cierto que Riu es propietaria del Oasis de Maspalomas, extremo que nadie ha discutido en este largo y acalorado debate. Lo compró a Banesto en 1997, que a su vez lo había adquirido a la familia Del Castillo, promotora del vetusto (y constructivamente ruinoso) hotel Maspalomas Oasis en los años sesenta. Pero igualmente es cierto que sobre esa pieza de suelo pesa una sentencia del Supremo de 1983 que relataba diversas infracciones e irregularidades urbanísticas, como la “desclasificación de dos extensas zonas verdes de uso público (...) de 26.435 y 5.106 metros cuadrados, respectivamente” sobre la que se plantó buena parte del hotel, que se ordenaba demoler en la misma resolución. Es decir, que Banesto compró una propiedad con bicho, lo que automáticamente se transmitió a Riu cuando compró. Por lo tanto sostener que allí no hay zona verde pública ilegalmente ocupada es mucho más que discutible, como lo es automáticamente que la cadena mallorquina haya computado todos esos miles de metros cuadrados para calcular la edificabilidad del mamotreto que quiere levantar. Que toda esta suerte de graves irregularidades las haya permitido, e incluso santificado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no obvia en absoluto la cuestión principal, la de una sentencia que jamás se ha ejecutado. E insistimos, ni las sentencias prescriben ni las zonas verdes se convierten en hormigón con un título de propiedad.

Rompiendo la excepcionalidad

Riu se explica escuetamente porque sus argumentos carecen de peso suficiente para imponer su criterio sin la más mínima discusión. Si el Gobierno en su reunión de hoy le permite salirse con la suya por miedo a su poder o temor a sus amenazas de indemnizaciones sin fin, ha de saber también que las mismas armas jurídicas que tiene esa cadena balear las tienen a su disposición las instituciones, colectivos y entidades canarios para exigir la ejecución de aquella sentencia y los acuerdos derivados de ella que tomó la Comisión Provincial de Urbanismo en 1983 para salvar de la piqueta al hotel del conde de la Vega Grande. Así, en un gesto extraordinario en el que se tuvieron en cuenta consideraciones que hoy serían de difícil encaje, la autoridad urbanística logró suspender la ejecución de la sentencia por el interés social del establecimiento, pero haciendo unas salvedades que tampoco deben olvidarse. Por ejemplo la que reproducimos en este mismo artículo: “La Comisión estima primordial la conservación del conjunto de paisajes naturales parcialmente protegidos por el Real Decreto de Creación de la Junta Provincial de Protección de las Dunas de Maspalomas, con voluntad de ampliación expresada por ésta al lago y al palmeral mediante la declaración de Paraje Natural de interés nacional” y para que “se adopten las medidas de planeamiento adecuadas para la preservación de los espacios naturales antes indicados, que garanticen su pleno uso y disfrute por toda la comunidad”. Cuando cambia el escenario porque al titular de la propiedad se le ocurre que puede hacer otra cosa distinta a la que de modo excepcional se permitió en los años ochenta, cambian las condiciones. Sería complicado reclamar nada si Riu mantuviera los usos y la ocupación como hasta ahora ha hecho, pero en cuanto pretende vulnerar el espíritu y la letra de aquella excepción, habrá de someterse a lo que dictó aquella sentencia del Supremo y a los acuerdos de la Comisión Provincial de Urbanismo. Para que se hagan una idea, sería algo similar a lo que ocurre con la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria: si las instituciones consiguieran suspender la sentencia que obliga a su demolición por grave infracción urbanística en atención a su uso cultural, cinco décadas después nadie podría demolerla para hacer allí unas oficinas administrativas o un hotel de lujo.

No, no vamos en taparrabos

Por lo demás, el comunicado de Riu persevera en un argumentario destinado a idiotas. Sostener, como sostiene, que “el palmeral público es un espacio distinto, colindante a la zona de los hoteles y actualmente vallado y cerrado” es un insulto a la inteligencia. Esa pieza fue la que, de manera absolutamente irregular, se cedió en aciagos días de alcaldías caciquiles y corruptas para que la anterior propiedad pudiera privatizar el espacio público. El palmeral del oasis es el palmeral del oasis, y es el que delimita la sentencia del Supremo que venimos comentando. En el colmo de los eufemismos y la tomadura de pelo, los mallorquines llaman al palmeral, es decir, a la zona verde que tiene en su propiedad “la zona ajardinada del hotel Riu, que nada tiene que ver con el palmeral público”. Y para rematar su comunicado, digna pieza de godismo, Riu recuerda a los canarios lo cojonuda que es: “Más de 100 hoteles en 16 países que reciben al año más de 3,5 millones de clientes y en los que trabajan un total de 27.107 empleados”. Nos parece estupendo, como su pretenciosidad de ofrecer en el 70% de sus establecimientos el servicio “All inclusive by Riu”. Lo que nos pasa a los canarios es que no nos gustan los atropellos. Ya hemos sufrido muchos a lo largo de nuestra historia. Y tener más camas o más poder ante las instituciones no es algo que impresione ya a estas alturas. El que venga a trabajar y a hacer negocio a Canarias tendrá que demostrar otras cualidades, como eso a lo que aquí llamamos el respetito.

Cristina Tavío: renovarse o repetir

Es precioso, casi bucólico y pastoril, conocer algunas reacciones tras la sentencia condenatoria recaída sobre Miguel Zerolo, ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife y senador del Reino de España. Sus ocho años de inhabilitación especial han sido un mazazo para muchos que –legítimamente- creyeron siempre en su inocencia y su buen hacer como gestor público, o para aquellos que, a sabiendas de que se comportaba de modo chiripitifláutico, lo defenderán siempre para no morder la mano que durante décadas tanto les dio de comer. Su decisión de dimitir como representante ciudadano es un gesto que hay que valorar en su justa medida y, por lo tanto, aplaudirlo. Es cierto que nada se va a perder la Cámara Alta española con su marcha porque, que sepamos, no ha pegado un sello en estos años en que ha ocupado allí plaza y cobrado suculentos sueldos y dietas. Su decisión de abandonar Coalición Canaria le viene bien a ese partido porque difícilmente nadie podrá acusarle de albergar en su seno a personas condenadas por delitos relacionados con la corrupción que puedan, con el paso del tiempo, tener la tentación de volver al machito. Saben en Coalición Canaria, como lo sabe Zerolo, que el vía crucis penal no ha hecho nada más que empezar y que, cualquier otra condena en los dos procesos pendientes, puede suponer más escarnio público y más daño para el político que un día fue referente de una manera ahora condenada de hacer política. De entre las reacciones más llamativas que hemos conocido tras esta primera condena queremos destacar, porque somos así, la de la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Tavío. ¿Por qué? Porque ella se lo merece.

La que votó a favor de las obras

Cristina Tavío ha anunciado al mundo que se dispone a repetir como candidata del PP a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, y que lo hará encabezando una lista que ella misma piensa elaborar teniendo en cuenta unos criterios muy modernos de renovación. Es decir, que la lista popular se renovará a partir del puesto número dos, para entendernos. No ha sentado bien en algunos sectores del PP tinerfeño ese anuncio porque ni se ha abierto ese melón ni nadie ha dado por bueno que la señora Tavío vaya a ser la candidata elegida, pero ya se sabe que en el PP basta con un dedo para cambiar ese y cualquier otro designio. Tavío, a lo que íbamos, ha reaccionado a la condena de Zerolo asegurando que con ella se confirma que hay que cambiar la manera de hacer las cosas, que los vecinos de Santa Cruz ya lo hicieron cuando la votaron a ella en 2011. Si nos vamos a la sentencia que seguramente no se había leído cuando hizo estas declaraciones, nos encontramos a la lideresa del PP santacrucero retratada en la página 15, cuando se dice literalmente que “la aprobación del pago de las facturas de 2006 y del expediente de obras [del instituto García Cabrera] se realizó en la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 26 de diciembre de 2006. En esa sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno se aprobó por unanimidad la propuesta sobre este expediente”. En esa Junta de Gobierno estaba Cristina Tavío, y sí, efectivamente, aquella manera de hacer las cosas hace tiempo que las rechaza la ciudadanía.