Celso Perdomo es el único implicado en un presunto caso de corrupción al que el Partido Popular ha dejado tirado. O al menos eso parecía hasta la semana pasada, cuando descubrimos de manera asombrosa que en el Cabildo de Gran Canaria lo promocionan desde su jefatura de servicio a un puesto mejor remunerado de inspector de servicios, es decir, gendarme de sus propios compañeros, vigilante de la diligencia de la Administración. El error político es colosal porque coloca en un lugar fiscalizador a alguien que en poco tiempo va a tener que defenderse de delitos relacionados con una presunta mala praxis en un puesto de responsabilidad pública. Por supuesto que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y nadie ha pedido que se le inhabilite o se le expediente administrativamente mientras no haya sentencia que así lo establezca. Por eso hablamos de error político. Celso Perdomo estaba perfectamente bien en la quietud de su puesto de jefe de servicio, donde precisamente no va a pasar a la historia por su alta productividad y su bajo absentismo, según denuncian los sindicatos. Sacarlo a paseo equivale a que ocurra lo que ha ocurrido, que todos nos acordemos de cuál fue su papel en el caso Eolo y cómo su partido maniobró de manera certera para que cualquier patada se quedara exactamente en su culo y no ascendiera a otros de mejor asiento y apellidos más comprometedores.