Pretender rehabilitar a Camps es dar la espalda con descaro al clamor ciudadano que exige de los dirigentes públicos una regeneración creíble que empiece por retirar de los puestos de responsabilidad a quienes hayan protagonizado comportamientos contrarios al interés general, hayan o no hayan sido denunciados ante un juzgado o hayan sido sometidos o no a la consideración de un jurado popular. Convendría recordar, llegados a este punto, que el delito de cohecho impropio que le ha sido perdonado a Camps por recibir regalos en consideración a su cargo por unos empresarios que pretendían agradarle para seguirse forrando en Valencia, es el mismo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le perdonó por prescripción en 2009 al actual ministro de Industria, José Manuel Soria, por dejarse agasajar por un empresario que quería tenerlo contento justo en el momento en que tramitaba un importante proyecto turístico ante la administración que presidía, el Cabildo de Gran Canaria. A diferencia de Camps, obligado a dimitir por su partido, Soria aguantó el tirón de su imputación tras recibir el aliento de personalidades muy destacadas del mundo de la Justicia en Canarias desde el preciso momento en que se presentó la denuncia contra él. Desde entonces ha llovido mucho y el listón de la decencia se ha elevado un poco más en España. Hoy, tres años después, un comportamiento tan sospechoso como aquel de Soria en el caso Salmón lo habría llevado al final de su carrera política.