Un sms desde un teléfono público

Unos días antes de la adjudicación en favor de Serramar, alguien envió el siguiente mensaje a los dos consejeros socialistas: “La Policía Judicial tiene conocimiento, a través de la empresa Serramar, de un posible delito de prevaricación por parte de políticos del Cabildo, además de trato de favoritismo (sic) y presiones a los técnicos de Contratación y Régimen Interior, incluyendo amenazas a técnicos para cambiar la valoración del informe a favor de Miguel Ángel Ramírez”, presidente de Seguridad Integral Canaria. El mensaje, enviado desde un teléfono público, venía a amenazar a los dos políticos socialistas con una denuncia por prevaricación si hacían caso al informe del jefe de los Servicios Jurídicos del Cabildo, que instaba a la Mesa de Contratación a cambiar su decisión inicial de otorgar el contrato a Serramar y, por el contrario, adjudicarlo a Seguridad Integral Canaria. La procedencia del mensaje, un teléfono público, y la ausencia de amenazas contra la integridad física de los destinatarios, no permiten una investigación policial en condiciones.