José Manuel Soria parecía este martes otra persona. Lo cuentan entre el asombro y la desconfianza algunos miembros de la ejecutiva de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) que se reunieron con él para abordar los problemas de financiación derivados de la drástica disminución de la recaudación por arbitrios. Un Soria conciliador y hasta cómplice, se hizo acompañar para la ocasión de la plana mayor de la Consejería de Economía y Hacienda: Matilde Asián, viceconsejera de Economía, y Gabriel Megías, viceconsejero de Hacienda y Planificación. Los alcaldes querían información y se la llevaron toda. Sólo que, cuando llegó el momento de hacer frente a la cruda realidad de los números, a los 177 millones de euros que el Gobierno quiere que las corporaciones locales (cabildos y ayuntamientos) devuelvan en tres años, cayeron en la cuenta de que van a tener que incumplir la ley de presupuestos y gastar más de lo legal en el capítulo 1. Soria, insistimos que con un talante inusual, les pidió apoyo para proponer la congelación de salarios de todos los funcionarios de la autonomía.