Los servicios jurídicos del Gobierno y el consejero Fernando Bañolas no parecen estar mucho por la labor de anular por completo el concurso de la hemodiálisis, ese de 124,7 millones de euros que podría reportar a sus adjudicatarios nada menos que 20 de beneficios en quince años. Se debaten entre lo que les pide el cuerpo y el sentido común y el miedo a que Lifeblood puede entablar un largo y sinuoso pleito agarrándose a evidencias tan incontestables como unas bases del concurso que, siendo como fueron hechas a la medida, no parecen haber contaminado el expediente hasta el punto mismo de su nulidad. Pero tirando de la manta y con las pocas facilidades que los diputados del PSOE han encontrado en el departamento que aún hoy siguen dirigiendo Guillermo Martinón y Lourdes Quesada, ya sabemos más cosas de las que se cocían en el seno de ese Servicio Canario de Salud, uno de los buques insignias del PP en el Gobierno junto a Promotur, de la Consejería de Turismo. Y entiéndase buque insignia como blasón de la adjudicación arbitraria, sospechosa y nociva para el interés general. O sea, marca de la casa soriana.