La sentencia conocida este viernes es de extrema gravedad porque confirma los peores presagios, muy bien relatados en diferentes medios de comunicación cuando, al principio de la presente legislatura, Paulino Rivero enfocó el negocio audiovisual canario hacia los intereses de su partido y del Gobierno que preside. Había que controlar y contentar a los medios afines, y tanto en las TDT como en el concurso para la provisión de servicios informativos y de contenidos de entretenimiento de la Televisión Canaria, el Gobierno montó concursos a la medida, de esos que no pasan el mínimo control legal, como se viene confirmando. Tras estas dos primeras sentencias, las que interpuso Editorial Prensa Canaria al verse privada de la mayoría de las licencias a las que optó (sólo se le concedieron algunas comarcales sueltas) no es más que el principio de una larga sucesión de resoluciones que muy probablemente serán similares. Porque el ponente de esta nueva sentencia viene a abrazarse al principio de unidad de doctrina y da por bueno lo expuesto en la primera resolución, de 2008, lo que conduce inexorablemente a pensar que la treintena de recursos que están en la recámara recibirán la misma salida por los mismos motivos: una baremación incorrecta obligará al Gobierno a devolver lo actuado a la mesa de contratación y a aplicar otros criterios de adjudicación.