El consejero de Política Territorial del Cabildo grancanario, Carlos Sánchez, ya puede ir buscando a alguien que le patrocine los abogados de los que está tirando para defenderse de las tres causas penales en las que está incurso en estos momentos. Sus compañeros de partido en Santa Brígida, reunidos en Junta de Gobierno, acaban de decidir que no van a pagar esa factura de 96.000 euros que les ha pasado el madrileño despacho de Garrigues por los servicios prestados hasta ahora. Lo que significa que habrá que calcular otros tantos más si calculamos que los procesos están en su ecuador. Conocemos unos abogados de Madrid estupendos, pero el que más los controla es el presidente del PP. A ver si se deja caer y se los presta a Sánchez.