Una de las frases más socorridas de José Manuel Soria es aquella de “vinieron a (sic) por lana y salieron trasquilados”. La ha empleado recurrentemente en el Parlamento de Canarias en apoteósicos momentos en los que se ha creído ganador de debates frente a sus adversarios políticos. El soniquete suele ir apoyado por una sonrisita quisquillosa modelo hiena que hace las delicias de sus hooligans, que profieren sonoros jo-jo-jos al tiempo que palmean sus escaños compulsivamente. El adagio tiene un problema principal, que se presenta cuando se te vuelve en contra. Al propio Soria le ha pasado en unas cuantas ocasiones, fundamentalmente en los juzgados, que es donde ha salido trasquilado uno de sus más destacados delfines, Lucas Bravo de Laguna, alcalde de Santa Brígida, que ha probado en sus propias carnes eso de ir por lana y salir trasquilado. Y al borde mismo de ser pasado por la parrilla. La sentencia que le ha mandado un Juzgado de lo Contencioso Administrativo no deja lugar a dudas: no se puede pagar con dinero público una demanda civil de protección al honor, por mucho que el honor que se considere vulnerado lo fuera o fuese en el ejercicio de su cargo. La sentencia tiene un gran valor porque puede significar que muchos alcaldes y cargos públicos desistan ya de una vez de sus ínfulas bananeras por las que consideran que al dueño de la finca se le pagan hasta los cafés.