El funcionario Carlos Gutiérrez debía estar tan encantado con el coordinador que Seguridad Integral Canaria despidió por esta supuesta estafa que, aún a sabiendas de que existía una investigación interna de la empresa, propone su continuidad y acude a defender ante la Justicia a otro de los despedidos. Y todo ello, insistimos, sin preocuparse por abrir un expediente interno que permitiera aclarar si eran ciertas las sospechas. Según quedó acreditado en el juicio por el despido de uno de esos vigilantes, una vez los empleados de Seguridad Integral cobraban sus sobresueldos producto de las horas extras no realizadas, repartían el botín con su coordinador, José Ángel García Martín, que acabó por reconocer ante el juez al menos uno de esos cobros, realizado por el método de un ingreso en su cuenta corriente bancaria. Ante este cúmulo de evidencias, parece hasta razonable que el jefe de servicio de Régimen Interior del Cabildo no abriera expediente ya que de su resolución podría derivarse, por ejemplo, que el propio funcionario certificaba servicios no realizados y que lo hacía postrado en su lecho como convaleciente de una baja laboral por enfermedad.