CC, Ciuca y PP harán alcaldesa de Telde a una imputada por cohecho y malversación de fondos públicos
María del Carmen Castellano (PP), futura alcaldesa de Telde gracias al pacto anunciado este martes entre CC, Ciuca y PP, debe responder ante la justicia por presuntos delitos de cohecho y malversación de fondos públicos, cometidos en el ejercicio de su cargo como concejala de Desarrollo Local, Pymes y Mujer, dentro del denominado caso Faycán [ver auto de apertura de juicio oral], durante el mandato 2003-2007 del anterior pacto PP-Ciuca.
La alcaldesa in pectore de la segunda ciudad más poblada de Gran Canaria fue detenida, junto al resto del grupo de gobierno encabezado por Francisco Valido, el 7 de noviembre de 2006 en el marco de una tercera fase operativa de la investigación judicial llevada a cabo por el juez Javier García García-Sotoca.
Las conclusiones finales de esta vasta operación contra la corrupción política en Telde determinan, en el citado auto, que Mari Carmen Castellano, también en calidad de presidenta del Comité Local del PP en Telde, percibió comisiones ilegales, repartidas por la cabecilla de la trama, la fallecida Toñi Torres, que en un principio se confabuló con el alcalde Francisco Valido y otros imputados “para pergeñar en principio un sistema de financiación ilícita del Partido Popular”.
Castellano cumplió en parte su cometido y fue fiel al partido. Si bien el auto indica que el sistema de presunta extorsión a empresas, con el cobro de entre un 6 y un 20% de sobrecoste para contratar con el Ayuntamiento, no terminó en las arcas del PP y se derivó a los bolsillos privados de sus políticos más destacados en Telde, al menos sí que desvió fondos de su concejalía para reformar la sede del partido en Arnao.
La que será primera alcaldesa de la historia de Telde percibió del reparto de comisiones ilegales de Torres las cantidades de 2.235, 20.500 y 16.071 euros, a juicio del magistrado instructor, que en el auto también aclara que la segunda teniente de alcalde de Telde presentaba, desde el ejercicio de 2003 en que tomó posesión, hasta su detención y posterior dimisión de cargos orgánicos y públicos en noviembre de 2006, “unos ingresos carentes de justificación en cuantía de 81.466,02 euros”.
Un local reformado con fondos contra el paro
Su imputación por malversación de fondos públicos se centra en el desvío de dinero del Ayuntamiento para costear la reforma de la sede de su partido. Así, Castellano se puso de acuerdo con Toñi Torres y sus respectivos asesores, José Luis Sánchez y Francisco Gordillo, para que los gastos de la gestión del alquiler y reforma del local del PP se facturararían por la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda contra el Ayuntamiento de Telde.
El modus operandi sería a través de la Concejalía dirigida por la futura alcaldesa de Telde, “en facturas que se emitirían desde la Concejalía de Desarrollo Local con material fungible, en realidad no servido, para así hacer imposible un eventual control de las mismas respecto del material suministrado”.
Para ello, Mari Carmen Castellano se valió de un programa financiado por la Unión Europea para combatir el paro y fomentar el desarrollo local, el Proyecto Opea 2000. De sus fondos extrajo dinero que acabó en la reforma del local del barrio de Arnao, a través de facturas giradas por la ferretería de cabecera de la trama, en concepto de material informático consumible por el citado proyecto o material de limpieza, así como por la presunta compra de material para la escuela taller de nuevas tecnologías.
Será juzgada por el Tribunal Superior
La presencia entre la treintena de imputados en el caso Faycan del que fuera portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez, de nuevo elegido diputado autonómico en las pasadas elecciones del 22 de mayo, obliga a celebrar el juicio oral -pendiente de apertura desde febrero de 2009 ante los interminables recursos de las defensas- en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Será un juicio con jurado, dada la calidad de aforado de Jorge Rodríguez, imputado por tráfico de influencias en relación a la subtrama de la mercantil Grupo Europa, también implicada en el caso Góndola, contra la corrupción política del PP en el municipio de Mogán.
