La Federación Ecologista Ben Magec exige la restauración y recuperación del dominio público en las Dunas de Corralejo

La Federación Ecologista Canaria Ben Magec-Ecologistas en Acción ha aplaudido la determinación del Gobierno de España por declarar la caducidad de la concesión sobre dominio público otorgada a Riu para el Hotel Tres Islas, situado en las Dunas de Corralejo (Fuerteventura).

Sin embargo, critica que el Gobierno de Canarias no secunde un expediente de caducidad, demolición y retirada que por fin debe restaurar el dominio público y el parque natural de Corralejo.

En un comunicado remitido este sábado, la Federación Ecologista Canaria entiende que el Gobierno de Canarias “no puede ir en contra del interés general y de la protección del dominio público, cuya preservación a ultranza es fundamental para el desarrollo medioambiental y social de Canarias”.

Considera que se trata de una oportunidad para que el Gobierno de Canarias demuestre que el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma no es sinónimo de permisividad con la ocupación de la costa y atienda al deseo de la ciudadanía de percibir una

administración valedora de los intereses culturales, medioambientales y patrimoniales de este territorio.

“No se puede permitir que el dominio público y el espacio natural queden puestos en riesgo por intereses económicos particulares”, remarca la federación.

Además, denuncia “la campaña de manipulación e intoxicación” que considera ha llevado a cabo la empresa para sus “intereses económicos” y señala que es la misma del Oliva Beach, que también ha ocupado “de forma privilegiada las Dunas de Corralejo y el Dominio Público Marítimo Terrestre”. 

La Federación considera “lamentable” que el Gobierno canario en vez de apoyar la demolición pretenda “buscar las vías de solución de manera conjunta con Riu”, responsable de múltiples irregularidades y que lleva décadas degradando el espacio natural de la Dunas de Corralejo y aprovechándose de una serie de concesiones que nunca debieron otorgarse. 

Insiste en que la multinacional es responsable de esta situación y no puede presentarse como víctima y que la Administración estatal y autonómica deben velar por el cumplimiento de la legalidad y por el interés general. 

Además, ha hecho referencia al documento del Defensor del Pueblo “que rechazó el recurso presentado por el Ayuntamiento de La Oliva y que confirmó que los expedientes de caducidad de la concesión para ocupar el dominio público marítimo terrestre otorgada a Riu Hoteles SA en las Dunas de Corralejo, se ajustaba a derecho y debía continuar hasta sus últimas consecuencias con el derribo de los hoteles y la restauración ambiental de la zona”.

“Estos hoteles han sido un ejemplo de cómo llevar una política insostenible de la actividad turística, ocupando precisamente, el bien ambiental que sirve de atractivo y poniendo en riesgo el derecho que tiene toda la ciudadanía al uso del dominio público, los bienes ambientales a preservar y, con ello, al resto de la actividad turística de la Isla de Fuerteventura”, concluye la asociación.