La lucha en Canarias por el derecho a la naturaleza que ha paralizado las obras del último hotel ilegal en Tenerife

Una de las grúas de la obra del futuro hotel de La Tejita en el Médano, Tenerife

Toni Ferrera

Las Palmas de Gran Canaria —

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En verano de 2020, dos activistas treparon hasta lo alto de una grúa en La Tejita, Tenerife, para exigir la paralización del hotel ilegal que allí se pretende levantar. Ambas personas subieron, desplegaron una pancarta de repulsa contra las obras y durmieron once noches a 80 metros del suelo, conocedoras de que en el momento que pusieran un pie sobre el pavimento iban a ser arrestadas. Así sucedió. Fueron denunciadas por la empresa promotora del complejo, J. Viqueira Lago Construcciones SA., y recientemente la justicia ha archivado la causa, defendiendo los derechos fundamentales de los acusados. Un estudio publicado hace unas semanas por geógrafos alemanes y canarios recoge este caso y lo desmenuza para explicar los porqués que hay detrás de las protestas contra atentados medioambientales en las Islas y cómo ha sido reconstruido el derecho a la naturaleza en el Archipiélago.

Costas allana el camino al polémico hotel de La Tejita, aún pendiente de la justicia

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El artículo destaca que en Canarias existe una mayor preponderancia a manifestarse contra la destrucción de los espacios naturales que por otras cuestiones más convencionales, como la educación, la sanidad o las pensiones. Que los isleños defienden el “derecho a una isla”, como así acuñan los expertos este movimiento, una especie de grito en favor de la conservación del territorio que ha tenido episodios muy sonados en las últimas décadas, como la desaprobación por las prospecciones petrolíferas en las aguas del Archipiélago, la ampliación del muelle de Agaete o la construcción del Puerto de Granadilla.

“La naturaleza no es un ente asocial. La naturaleza no son bichitos solo. Es un espacio donde las personas se relacionan. Es un producto social. Si yo me agarro a un árbol, no es porque sea un árbol, sino porque siento que ese árbol es mío y forma parte de mi vida cotidiana y mi rutina. Y por eso yo me manifiesto”, reflexiona Alejandro Armas, geógrafo e investigador postdoctoral en la Universidad de Leipzig y uno de los autores del estudio La mercantilización o el derecho a la isla: la lucha contra la construcción de un hotel en La Tejita. En Canarias, continúa Armas, ese sentimiento de arrimarse a la naturaleza podría multiplicarse por su “cercanía” a los montes y los campos, a la playa y el océano. “Está la zona de producción, donde trabajas, y luego la de reproducción social, donde tú puedes desarrollarte como persona”.

Cómo hemos llegado a este punto

El turismo es el principal impulsor. Los investigadores hacen un recorrido histórico sobre el motor económico de la comunidad autónoma, un modelo asociado a la reestructuración continua del urbanismo costero que termina cerrando los emplazamientos tradicionalmente comunes. “No es de extrañar que muchos movimientos de protestas en las regiones turísticas del sur de Europa sean el resultado de disputas territoriales por la protección de los ecosistemas marinos y costeros”, apuntan.

En el caso de las islas, esa fórmula ha sido importada y llevada al extremo en un prolongado tira y afloja. El primer boom turístico llegó entre los años 1960 y 1973, luego tuvo un parón con la crisis del petróleo, volvió en la década de los 80, fue frenado de nuevo por la aprobación de la Ley de Espacios Naturales de Canarias (1987), que protege a más del 40% de la superficie del Archipiélago, se expandió a más no poder con el auge del ladrillo hasta 2008 y, como respuesta a la Gran Recesión, se volvió a tirar del mismo carro. El turismo en Canarias representa el 35% del Producto Interior Bruto (PIB). “Se promovieron cambios legislativos para que el suelo rural, hasta entonces parcialmente protegido, pudiera ser recalificado como apto para el desarrollo, permitiendo otras actividades distintas a las agrícolas”.

El mayor ejemplo es la aprobación de la Ley del Suelo promovida por Coalición Canaria (CC) en 2017, que permitió a los ayuntamientos cambiar la calificación del suelo rústico, hasta entonces protegido, para incluir “usos no contemplados en el mismo cuando su ubicación en el medio rural pueda contribuir a su desarrollo, como la construcción de instalaciones o servicios turísticos o industriales”.

“Las autoridades regionales desregularon el suelo haciendo retroceder la legislación medioambiental y, con ello, el consenso alcanzado en los años 80 sobre el suelo como recurso esencial para el ecosistema”, argumentan Armas y Fernando Sabaté Bel, geógrafo de la Universidad de La Laguna (ULL) y la otra firma del artículo.

“Se combina una espiral de corrupción por un lado en donde vemos que ciertas personas se benefician de la aprobación de infraestructuras. Eso sin duda. Y después, la gente está cansada. La población es consciente de que la isla tiene unos límites”, agrega Armas. El último ejemplo, las movilizaciones que hubo en Tenerife para detener la edificación de un hotel en La Tejita.

Un hotel en plena playa, una movilización más

Tanto Armas como Sabaté Bel recuerdan que, en los peores momentos de la crisis financiera, cuando Canarias registraba los datos más altos de paro, temporalidad o listas de espera en toda Europa, la ciudadanía siguió manifestándose para combatir “la destrucción de la naturaleza”.

En Granadilla de Abona (Tenerife), cerca del puerto inoperativo que ha costado más de 200 millones de euros, regresó la idea de levantar un hotel en La Tejita, que se remonta a la década de los 70. El complejo sería de cinco estrellas con 883 plazas, ocupando una superficie de 26.758 metros cuadrados y 276 metros lineales de la playa. El proyecto invade la franja costera del frente marítimo que está protegida de la urbanización y por se paralizan cautelarmente las obras en 2020. Además, también podría afectar a dos espacios protegidos de la Red Natura 2000, como son Montaña Roja y Sebadales del Sur.

A partir de las repetidas presiones del sector privado, el exacalde de Granadilla, Jaime González Cejas (imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación), anunció en 2015 el inicio de las obras. Y con ellas llegaron la creación de una asamblea popular, bajo el nombre de Salvar La Tejita, y las primeras movilizaciones. “¡La Tejita no se vende, La Tejita se defiende!”, exclamaban los manifestantes. Se consiguieron más de 100.000 firmas para detener la labor. La expresión más palpable fue cuando dos activistas se encaramaron a una grúa y pasaron ahí más de una semana.

“Lo que molestó a mucha gente fue que, en un espacio natural casi virgen, ¿por qué maltratarlo de nuevo?”, dice un portavoz del movimiento de protesta, según recoge el artículo. “Así llegaremos a un punto en que todo se derrumbe. No habrá nada más. No es infinito, y nos estamos dando cuenta de ello. Creo que eso lo resume todo. No sé cómo vamos a salir del problema, peor algo habrá que hacer”.

Para Armas y Sabaté Bel, la lucha por salvar La Tejita simboliza el derecho a una isla, una demanda que no solo versa sobre la protección y la defensa activa de los paisajes, los ecosistemas y el patrimonio natural, sino que “forman parte de un debate más amplio sobre el estilo de desarrollo insular y sus efectos, teniendo la población un derecho democrático a decidir sobre sus modelos socioeconómicos”. 

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