Turcón pide ampliar el plazo de alegaciones a la granja marina en La Aldea

Turcón Ecologistas en Acción ha solicitado a la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias una ampliación de un mes del periodo de información pública del proyecto acuícola promovido por Gran Canaria Bass Company, S.L.U., previsto frente al litoral de La Aldea de San Nicolás y Artenara. La organización ecologista argumenta que el volumen y la complejidad de la documentación ambiental hacen insuficiente el plazo inicial de 30 días hábiles fijado para presentar alegaciones.

Según ha informado este domingo Turcón en un comunicado, el Boletín Oficial de Canarias publicó el pasado 24 de agosto el anuncio por el que se someten a información pública tanto el proyecto como su Estudio de Impacto Ambiental. El expediente afecta a la zona de interés acuícola ZIA-GC-9, en el ámbito marino A.G.M.-GC-9, y contempla una superficie de 4,2 millones de metros cuadrados en la U.R.D.S.-1 y otros 2,7 millones en la U.R.E.S.-2.

El proyecto prevé un aprovechamiento productivo de 9.200 y 6.000 toneladas, respectivamente, así como una ocupación máxima de la línea de costa de 1.516 metros mediante jaulas flotantes. La iniciativa fue seleccionada como ganadora del concurso público convocado por el Gobierno de Canarias en 2023, mediante una resolución de la Dirección General de Pesca emitida en febrero de 2024, ha recordado la organización ecologista.

Turcón ha destacado además que la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental acordó en abril de 2025 someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, al considerar que podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente, conforme a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

Para el colectivo, esta circunstancia refuerza la necesidad de garantizar una participación pública efectiva y disponer de más tiempo para analizar la documentación y formular alegaciones. La organización ha cuestionado además que el periodo de exposición pública coincida con el mes de agosto, cuando administraciones y organizaciones sociales funcionan con horarios y ritmos reducidos debido al periodo vacacional.

Turcón ha recordado también que la Ley 39/2015 permite ampliar plazos administrativos cuando las circunstancias lo aconsejen y no se perjudiquen derechos de terceros. “Ante el cúmulo de información a procesar, solicitamos una ampliación del plazo del periodo de información pública”, ha señalado el colectivo en el escrito remitido a la Dirección General de Pesca. La organización fundamenta también su petición en la Ley 27/2006, relativa al acceso a la información y a la participación pública en materia ambiental.