Bolivia aprueba la nacionalización de las pensiones

LA PAZ (Reuters/EP)

La Asamblea de Bolivia ha aprobado la reforma de las pensiones que amplía los beneficios y nacionaliza la administración del sistema, que estaba en manos de dos fondos privados pertenecientes al banco español BBVA y a la empresa suiza Zúrich.

La nueva ley, uno de los puntos claves del Gobierno del presidente Evo Morales, fue aprobada por el Senado tras su ratificación la semana pasada en la Cámara de Diputados.

“La aprobación es histórica y cambiará la realidad de toda la generación de jubilados que estaba esperando esta ley que incluye a otros sectores”, dijo tras la votación el presidente del Senado, René Martínez, según un comunicado.

La ley, producto de cuatro años de negociaciones en las que estuvieron excluidos los empresarios, rebaja la edad de jubilación de 65 a 58 años, rebajando dicho límite entre los mineros y las madres, y amplía el beneficio a trabajadores autónomos, como los campesinos.

El Gobierno y los sindicatos ya acordaron dicha reforma, por lo que los trámites parlamentarios apenas han llevado tres semanas. Morales remitió el proyecto el 16 de noviembre, prometiendo que sería un “regalo de Navidad” para los trabajadores.

“Esta es la nueva política de redistribución (...), para la búsqueda de reducir la pobreza y para la igualdad de los trabajadores”, declaró Morales para justificar la reforma.

La oposición, que denunció la falta de debate legislativo de la norma, mostró su preocupación especialmente por la nacionalización de las pensiones.

La ley no fija plazos para el cese formal de actividades de los fondos Previsión, del BBVA, y Futuro, de Zurich, aunque medios locales anticiparon que las negociaciones se estaban llevando a cabo y que el grupo español deseaba salir de Bolivia. Ambos fondos manejan las cuotas de 1,3 millones de personas, con un total acumulado de unos 2.200 millones de euros, según cifras oficiales.

El ministro de Economía, Luis Arce, dijo durante el trámite legislativo que esos fondos serían traspasados a la empresa Gestora Pública a lo largo de 2011.

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