Caja Rural de Canarias ratifica la integración con Cajamar
El Consejo Rector de Caja Rural de Canarias ha ratificado este miércoles la decisión tomada el pasado jueves 25 en sesión extraordinaria para la integración con Cajamar, que, previsiblemente, será aprobada en los próximos meses por la Asamblea de Socios. Esta opción da carpetazo definitivo a la posible creación de una entidad regional canaria, tras haberse rechazado la opción de fusión con la tinerfeña Cajasiete.
La decisión se ha tomado después de que la directiva de la caja grancanaria rechazase la posibilidad de fusionarse con Cajasiete en lo que daría lugar a una nueva entidad. Así, el Consejo Rector se ha inclinado por la opción planteada por Cajamar, con sede en Almería, a través del Sistema Institucional de Protección (SIP). La fórmula, también llamada fusión fría, permite a cada una de las entidades mantener su personalidad jurídica, órganos de gobierno, empleados, servicios centrales y oficinas.
La decisión de abandonar las negociaciones con la tinerfeña Cajasiete ha sido bastante criticada. El Gobierno de Canarias había abogado desde un primer momento por la creación de una gran caja regional. El presidente, Paulino Rivero, ha manifestado en alguna ocasión los beneficios de contar con una entidad “totalmente vinculada a Canarias”, después de las integraciones de la Caja de Canarias en Bankia y Caja Canarias en Banca Cívica.
La polémica vino precedida, entre otras cosas, por la existencia de un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI) en la que se valoraba como peor alternativa la integración con el grupo Cajamar, según el ex responsable de planificación estratégica de la caja rural, Ignacio Romón. La propia entidad canaria encargó dicho informe, que ponía por delante las opciones de Cajasiete y Grupo Ibérico, la primera descartada.
“La sinergia con Cajamar no va a ningún lado”, critica Romón, que salió de la caja tras denunciar que se estaba obviando el debate en torno a las posibilidades de fusión con otras entidades financieras. “Nunca se hizo un estudio, no se negoció nunca”, dice respecto a la consideración de la integración con la caja tinerfeña.
Según Romón, la única ventaja que ofrece el SIP con el grupo Cajamar es que permite mantener la plantilla, mientras que la fusión con Cajasiete hubiese obligado a despedir o prejubilar a unas 50 personas. “Se mantiene todo y lo único que cambian es el sistema informático”, dice. Sin embargo, esto puede precipitar una situación peor, según el ex ejecutivo. El temor es que ante un posible incumplimiento de las exigencias de eficiencia y objetivos que llegan impuestos desde Almería (y que, según Ignacio Romón, se desconocen) obligue a la Caja Rural de Canarias a hacer frente a sanciones que deriven en una fusión “traumática” para los empleados, como la que denuncian los sindicatos con los trabajadores de la Caja de Canarias-Bankia.
Desde CCOO, sin embargo, confían en que la situación no llegue a ese punto e insisten en que trabajarán para conseguir el mayor grado de beneficios económicos y sociales para los empleados. “No está en nuestra mano que no ocurra”, afirma Ana Hernández, de la sección de organización de COMFIA-CCOO, y hace hincapié en que el sindicato siempre ha apoyado “aquella decisión empresarial que garantizara la estabilidad de sus trabajadores”.
Tras la ratificación del acuerdo del Consejo Rector, la dirección de la Caja Rural propondrá una fecha para la celebración de la Asamblea de Socios en la que se de el sí definitivo a la integración. Con ello, la Caja Rural de Canarias aportará al grupo Cajamar (integrado por otras ocho entidades) 1.910 millones de euros, 1.245 millones de euros en activos, 69 oficinas, 344 empleados, 102.000 clientes y 22.092 socios.
