Cincuenta años de la primera huelga legal en Canarias: Cesea, 9 de agosto de 1976

El 9 de agosto de 1976, hace justo cincuenta años, Canarias vivió la primera huelga legal en cuarenta años. Las últimas huelgas de este tipo se habían dado en el mes de julio de 1936, después de eso las protestas y la lucha por la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora quedaron sometidas a un control brutal y a una represión cruel.

Resulta difícil de imaginar la valentía de quienes tomaron la decisión de hacer uso de una nueva legalidad que ya casi nadie recordaba. Apenas diez meses antes las torturas contra un trabajador en los sótanos del Gobierno Civil habían dejado un muerto. En marzo de ese año miles de trabajadores en Vitoria habían ocupado la iglesia de San Francisco de Asis. El desalojo del templo por las fuerzas de seguridad, usando gases lacrimógenos y fuego real, dejó cinco fallecidos y 150 heridos. En las manifestaciones de protesta por esos sucesos murieron varios más, un goteo de muertes que a finales de ese año superaba la veintena en todo el Estado, uno de ellos canario.

Las imágenes que se conservan plasman bien la forma en la que salieron a la calle tras décadas sin que eso fuera posible con cierta normalidad, en un proceso de lucha sindical y huelga inédito, que duró más de cincuenta días.

Es cierto que durante los sesenta y los primeros setenta se habían dado procesos de protesta y de lucha en diversos sectores, desde las lecheras al transporte, pero siempre en un marco de clandestinidad, bajo la losa del sindicato vertical y con una escasa y opaca información pública. A pesar de la muerte del dictador menos de un año antes, la dictadura seguía viva y solo empezaba a agrietarse.

En ese mismo verano empezaban a darse actos públicos de organizaciones políticas, incluso empezaban a salir de prisión penados por el simple hecho de pertenecer a organizaciones obreras y partidos políticos de izquierda, que un año después ya serían legales.

En Canarias los sindicatos estatales que empezaban a organizar una creciente respuesta, conviven con un proceso de organización de un sindicalismo canario, con un fuerte vínculo con los movimientos soberanistas. En mayo de ese mismo año había venido por Tenerife el mítico Marcelino Camacho, que tras su paso por las cárceles franquistas, trabajaba en la clandestinidad para intentar organizar las bases del PCE y de Comisiones Obreras.

En julio de 1976 la prensa anunciaba que la empresa Cesea se había hecho con la adjudicación de la obra complementaria del muelle de contenedores de Santa Cruz de Tenerife, por un importe de más de sesenta y cuatro millones de pesetas. 270 trabajadores debían realizar una obra a destajo, en turnos de mañana y noche. La empresa era un consorcio formado por Entrecanales y Tavora, Sato y Constructora Internacional. Las condiciones de trabajo, los impagos de horas extra se sumaban a unos salarios que eran un 40% menores que los de sus compañeros de territorio continental, a pesar de que en el Archipiélago el coste de vida era superior, factores que explican una rápida organización y una gran fuerza a este proceso de lucha sindical.

El sindicato vertical franquista todavía se mantenía y trató de evitar el conflicto laboral, hasta que a finales de julio los trabajadores acordaron iniciar una huelga en base a la nueva ley. El Sindicato Obrero Canario y el despacho de abogados laboralistas de Alfredo Horas tuvieron un destacado papel en este proceso, tal y como detalla el excelente estudio del profesor Domingo Garí sobre esa etapa. El seguimiento y las amenazas veladas de la brigada político social de la policía fue constante, forzando a disolver piquetes e impidiendo asambleas en espacios públicos.

El boletín del Partido de la Revolución Canaria de agosto de ese año describe cómo “durante todo este tiempo muchos trabajadores que habían votado en contra de la huelga se suman a ella y a su vez comienzan a destacarse los elementos esquiroles, tanto entre los enlaces como en el resto de los trabajadores”.

El movimiento obrero de Cesea buscó expandir y lograr la solidaridad de otros sectores de la sociedad, con grupos de trabajo en Santa Cruz y La Laguna, que daban información y lograban fondos para sostener la huelga. El 19 de agosto una gran manifestación, con más de diez mil personas, partió de Taco hasta el centro de la capital, siendo una muestra de la fuerza y de la solidaridad que se generó con este proceso de huelga. La revista Triunfo plasmó una crónica que decía: “Taco, Poligono Los Gladiolos, San Pío, Juan XXIII, San José Obrero, Las Delicias, Urbanización Miramar, Chamberi, García Escámez, Tio Pino, Somosierra y Buenos Aires fueron escenario para el paso de una larga y prieta columna de trabajadores, mujeres, niños y ancianos (muchas caras arrugadas y muchos brazos curtidos), que en número de quince mil, aproximadamente, circulaban con toda corrección y disciplina por la carretera del Rosario”. Fue una demostración de fuerza popular inédita en cuatro décadas, quizás por ello logró generar un amplio nivel de apoyo y participación de colectivos externos, que entendían que el problema de esas 270 familias también era también parte de su propia realidad y del tipo de sociedad que quería lograr.

El 20 de septiembre una nueva manifestación partió desde Ofra, con una nutrida presencia de estudiantes que luchaban contra la subida de las matrículas, y donde las consignas recordaban a obreros asesinados, como Antonio González, o cánticos que reclamaban una “Canarias libre y socialista”.

La respuesta política en Tenerife no tendría la duración y la fuerza que se dio en Gran Canaria, pero sin duda fue clave para lograr una fuerte presencia de representantes de izquierdas en las elecciones municipales de 1979, que trataron de dar una respuesta política en las instituciones. Estos espacios, con todo en contra, lograron un cierto peso hasta que las incontables luchas cainitas y las estrategias fallidas quebraron su fortaleza y credibilidad.

Mientras el conflicto avanzaba se dio un suceso que marcó la memoria colectiva de forma dramática. Bartolomé García Lorenzo, un joven estudiante de Magisterio que vivía en Somosierra, fue tiroteado por policías en la puerta de su casa, muriendo poco después por las heridas. La respuesta social fue una auténtica explosión de dolor y rabia. El periódico El País describió el efecto de la huelga general convocada, como el 27 de septiembre, “la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, estuvo paralizada ayer desde primeras horas de la mañana. Todas las actividades comerciales quedaron suspendidas, ya que cerraron sus puertas los establecimientos de comestibles, tejidos, bares y oficinas”. Nuevamente se vivía una respuesta inédita, que no se daba desde la II República.

A pesar de la dureza del momento y de la represión, los obreros de Cesea lograron buena parte de sus demandas. Su lucha sirvió para las siguientes generaciones, para que sus hijos e hijas tuvieran mejores condiciones de vida. Sin esa gente valiente que dieron pasos por terrenos desconocidos y con riesgo incluso para su propia integridad física, hoy la vida de la mayoría sería mucho peor.

La fuerza de ese movimiento obrero tenía un contenido laboral, pero también una base claramente política y democrática. Se luchaba por una sociedad mejor y se hacía desde la realidad canaria. Un conflicto específico se sentía como propio, entendían que la mejora de esos trabajadores implicaba una toma de conciencia general y una mejora para todos los sectores a futuro. La sociedad entendía que había que organizar una respuesta laboral, social y también política. Un aniversario como este no debería pasar desapercibido, con más razón en nuestra tierra, que tan tarde llegó a muchas luchas y que todavía necesita tantos avances.