La Consejería de Vivienda aumenta en 260.000 euros el presupuesto para evitar desahucios en Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias ha aumentado en 260.000 euros el presupuesto que destina este año a evitar los desahucios de familias vulnerables en las islas “gracias a una aportación extra” del Gobierno de España a través del Plan Estatal de Vivienda 2022-2026.

Esta partida extraordinaria permitirá reforzar el programa Canarias Pro Hogar, uno de los “principales” del Plan de Vivienda del Archipiélago 2020-2025, creado para atender a las familias en situación de vulnerabilidad y que tiene una dotación de fondos propios de la comunidad autónoma de 60.000 euros para este año, según ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La partida extra de 260.000 euros del Estado comienza a aplicarse en este mes. A partir de enero del próximo año la partida anual que aporta el Gobierno central para el Canarias Pro Hogar será de 585.000 euros anuales hasta 2026, cantidad que se sumará a las aportaciones propias del Gobierno regional.

El programa del Plan Estatal tiene como fin atender las necesidades de las familias en riesgo de desahucio, así como atender las necesidades de las personas víctimas de violencia de género y a las personas sin hogar que estén inscritas en el programa.

De este modo, se podrán conceder ayudas de hasta 900 euros al mes para garantizar el alquiler a cada una de estas familias. Las ayudas las abonan la administración directamente a los propietarios de las viviendas arrendadas.

Asimismo podrá concederse una ayuda adicional de 200 euros por familia para atender los gastos de mantenimiento, seguros o suministros básicos, incluidos los gastos de acceso a Internet.

Para conceder estas ayudas el Icavi pedirá previamente a los servicios sociales de cada ayuntamiento un informe de vulnerabilidad social de carácter preceptivo y vinculante de cada una de las familias que soliciten acogerse a esta línea de subvenciones.

Tras la concesión de la ayuda, la misma se pagará durante un año, y una vez que finalice se volverá a evaluar a las familias y en el caso que proceda, se prorrogará la ayuda de nuevo con un máximo de cinco años.