Corbacho no contempla el fracaso del diálogo social
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró este martes que “no contempla” el fracaso del diálogo social, pues todas las partes han declarado su voluntad de seguir con él, pese a que el reciente Decreto Ley sobre medidas para el empleo, cuya convalidación se discutirá el jueves en el Congreso, fue aprobado por el Gobierno sin el acuerdo de los agentes sociales.
Así pues, el Gobierno “no tiene ningún plan B” alternativo al diálogo social, ni tampoco aprobará ninguna reforma laboral que no haya pasado previamente por el diálogo con empresarios y sindicatos, según dijo durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso para dar cuenta de la evolución del proceso del diálogo social iniciado en julio de 2008, en la que se dedicó buena parte de sus cuatro horas de duración a debatir el Real Decreto de apoyo al empleo y la protección de los desempleados.
“El diálogo social sigue vivo y con muchas de sus tareas aún por hacer”, sentenció Corbacho antes de precisar que, en adelante será preciso caminar hacia la consecución de nuevas medidas de carácter estructural. “Se abre ahora, sin solución de continuidad, una nueva fase en el diálogo social para los próximos meses, que debe dirigirse a la discusión de cuestiones de carácter más estructural, que permita sentar las bases para salir de la crisis en la mejor posición para crear y mejores empleos”, indicó.
Concretamente, Corbacho avanzó que las líneas abiertas en el diálogo social se refieren a la mejora de los Servicio Públicos de Empleo, la adecuación de políticas activas, la revisión de la formación para el empleo o el desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo y cuestiones relacionadas con el absentismo.
Por otro lado, puso en valor la parte “no visible” del diálogo social que, por ejemplo, ha estado presente en el acuerdo en el seno de Seat, que ha finalizado con una congelación salarial en 2009 a cambio de mantener la producción de sus plantas en Cataluña.
Finalmente, hizo un alegato para que las cuestiones relacionadas con el diálogo social no formen parte de la agenda de debates parlamentarios, y se le deje caminar imponiendo su propio ritmo.
Ademas, propuso que todas las fuerzas alcancen un acuerdo “lo más amplio posible para sumar esfuerzos para salir cuanto antes de la crisis”, en paralelo a otro entre las administraciones públicas para crear una gran red de solidaridad en la aportación de recursos enfocada a combatir los casos de exclusión social.
Por otro lado, Corbacho precisó que hay que adoptar otras medidas “de coyuntura, a corto plazo y urgentes”, como son las recogidas en el Real Decreto Ley de medidas de apoyo al empleo, cuya ratificación se debatirá el próximo jueves en la Cámara Baja.
Al respecto, Corbacho mostró “plena confianza” en que será convalidado “ampliamente”, e incluso adelantó que contará con el apoyo del PP, CiU y PNV, si bien admitió que la discusión “estará abierta” a la hora de decidir si se debe tramitar o no como proyecto de Ley, una opción que rechaza el Gobierno, pero que apoyan tanto CiU como PP.
En favor de su tramitación como Real Decreto Ley, argumentó que se trata de medidas de carácter urgente y que muchas de ellas tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009 , pero que si se tramitaran como proyecto de Ley no verían la luz hasta “dentro de ocho o diez meses”. “De ahí viene la urgencia de que se tramite como un Real Decreto Ley”, aunque dijo que si las Cortes deciden que se siga otro procedimiento, el Gobierno seguirá “trabajando y colaborando” en él.
Según parte de los grupos, la convalidación del Real Decreto está prácticamente asegurada y se produciría por mayoría con la única excepción de IU, que según su portavoz en la Comisión, Gaspar Llamazares, podría abstenerse o votar en contra.
Una de las medidas más discutidas fue la bonificación de contratos indefinidos a partir de la prestación por desempleo de los trabajadores, por cuanto podría suponer una discriminación respecto a aquellos que no han tenido oportunidad de generar esta prestación.
Corbacho reconoció que, efectivamente, existe una “discriminación positiva”, si bien avanzó que “en la medida en que tuviera éxito”, con el ahorro en prestaciones que supondría, se podría “pensar” en una “medida paralela” para el colectivo que no ha trabajado anteriormente.
Asimismo, indicó que esta medida no supone “recomprar” el contrato de trabajo, como indicó el portavoz de ERC, Joan Tardá. “La medida no compra nada”, precisó para añadir que supone transformar una política pasiva, que es un gasto de la Seguridad Social, en activa. Por otro lado, Corbacho indicó que, si bien algunas medidas como ésta pueden parecer ayudas a las empresas, el Gobierno siempre toma decisiones dirigidas “a proteger y potenciar no a la empresa, sino al tejido productivo”.
Por otro lado, a Corbacho le llovieron las críticas por parte de casi todos los grupos parlamentarios, especialmente centradas en la supuesta falta de liderazgo del Gobierno ante la crisis y la escalada del paro.
Las críticas comenzaron por parte del diputado del Grupo Popular, José Luis Echániz, quien acusó a Corbacho de presentarse en la Comisión “con las manos en los bolsillo” y “sin un pequeño avance que llevarse a la boca”, mientras la situación es “de emergencia”.
Además, Echániz fue el primero en expresar el “fracaso” del diálogo social que, según la mayoría, ha cristalizado en la aprobación del último paquete de medidas para el empleo sin el acuerdo de los agentes sociales. El más claro en sus críticas fue el diputado del PNV, Emilio Olabarria, quien dijo que dicho decreto es la “expresión más obscena del fracaso del diálogo social”.
Por parte de IU, el diputado Gaspar Llamazares insistió en la “falta de liderazgo y valentía por parte del Gobierno en relación a la concertación social”, en un momento en el que “la concertación no marcha”.
En su opinión, el decreto es una “equivocación”, por cuanto es “unilateral” y “desequilibrado”. Por ello, hizo un llamamiento a impulsar la concertación con la condición de que si hay “bloqueo” por parte de la patronal el Gobierno llegue a un acuerdo con sindicatos para adoptar “medidas progresistas”.
Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardá fue el único que manifestó su posición clara ante el decreto: “No vamos a apoyar las medidas”, dijo antes de avanzar que “tendrán consecuencias nefastas”.
Por parte de CiU, Carles Campuzano, acusó al Gobierno de estar “fracasando” y pretender aprobar el Decreto Ley mediante un “malabarismo político” que no es aceptable. “Que el Gobierno gobierne y elija con quien quiere hacerlo y con qué políticas. Que se moje y lidere”, demandó.
