Despedida de una empresa pública con la reforma del PP
Diez días de baja médica entre los meses de noviembre y diciembre le han costado a Judit Marrero el puesto de trabajo que ha ocupado los últimos ocho años. La empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, decidió prescindir de sus servicios el pasado 15 de marzo alegando el absentismo como causa objetiva del despido, aprovechando el nuevo marco de relaciones laborales que ha configurado el Gobierno de Mariano Rajoy y adelantándose al plan de racionalización que exige el Ejecutivo regional a sus sociedades mercantiles.
El cese fue fulminante. Nada más incorporarse a su jornada laboral en una de las sedes de la empresa en Las Palmas de Gran Canaria, Judit fue citada por el gerente en su despacho. ''Me dijo que, debido al ajuste que tiene que hacerse en las empresas públicas, iba a haber una serie de despidos y que yo cumplía los requisitos de absentismo“, explica la afectada, que se negó a firmar una carta de despido en la que le ofrecían una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. El gerente no le permitió ni siquiera cumplir esa jornada, al abonarle el periodo de preaviso correspondiente a 15 días de su salario.
La empresa justifica el despido por unas ausencias que superan el 20% de la jornada hábil en los dos meses señalados. La primera baja, entre el 7 y el 14 de noviembre, se produjo como consecuencia de una gastroenteritis que le contagió su hijo, entonces en periodo de lactancia. La segunda, los días 12 y 13 de diciembre, por una cervicalgia.
''Me operaron de escoliosis hace 20 años. Tengo una estructura de hierro (la denominada maniobra de Harrington) que fija toda la columna. Lo único que tengo con movilidad son las cervicales, me suelo cargar y más por las condiciones de trabajo que realizo“, explica Judit, que asegura que tras esos dos días de diciembre en los que permaneció ”en cama y con relajantes musculares“, se incorporó voluntariamente en contra de la opinión de su médico.
La trabajadora despedida asegura que se ha puesto en contacto “en multitud de ocasiones” con el personal de Recursos Humanos de Grecasa para solicitar una adecuación del puesto de trabajo a sus necesidades y condiciones físicas, en base a un informe de la mutua y en virtud del artículo 17 de su convenio colectivo, que establece los instrumentos para el control del absentismo laboral y las medidas para su reducción, “incluyendo las de salud laboral”.
Judit Marrero presentó este martes ante la empresa la reclamación previa a la vía judicial laboral, en la que manifiesta su disconformidad con la decisión adoptada por Grecasa, al entender que las ausencias estaban justificadas por enfermedad y refrendadas por informes médicos. Solicita que el despido sea declarado improcedente.
El despacho de abogados que está llevando el caso considera que la empresa debe tener en cuenta la normativa que estaba en vigor en el momento de producirse los hechos (noviembre y diciembre) y, por lo tanto, debe contemplar “como término comparativo, un índice de absentismo total de la plantilla de un 2,5%”, una exigencia que ha eliminado la reforma laboral del PP, vigente desde el pasado 13 de febrero. Además, considera que la empresa excedió los plazos establecidos para notificar las faltas por ausencias. Según la normativa, las faltas consideradas muy graves prescriben a los 60 días, contando desde la fecha en la que la empresa tuvo conocimiento de su comisión.
''Nadie puede dudar de mi profesionalidad''
Licenciada en Económicas, Judit fue contratada en la empresa con categoría laboral de administrativa, a pesar de que realizaba tareas de asesoramiento tributario. ''Hemos estado ahorrando mucho dinero a la administración durante todo este tiempo“, resalta la afectada, que incide en que como técnico, categoría que considera acorde a su formación y la labor que venía ejerciendo, podría haber cobrado entre 400 y 600 euros más todos los meses.
'Nadie puede dudar de mi profesionalidad, nunca he tenido una queja de un contribuyente. Las bajas estaban justificadas y me han penalizado en la nómina, en la imposibilidad de cobrar por productividad y, ahora, con el despido“, subraya.
Apenas quince días antes de que le notificaran el despido, a Judit le habían solicitado que se incorporara a una campaña especial de renta convocada por la propia empresa y que prevé la contratación de 22 personas en la provincia de Las Palmas y otras 22 en la de Santa Cruz de Tenerife.
