La Eurocámara aprueba las nuevas normas para la multipropiedad en Canarias
En Canarias existen más de 175 alojamientos que practican la multipropiedad o tiempo compartido (time sharing) que deberán someterse a la nueva legislación comunitaria, aprobada esta semana por la Eurocámara, cuyo objetivo es endurecer las normas y reforzar la protección de los turistas que contratan este tipo de servicios en cualquier país comunitario.
El sector del time sharing genera más de 10.500 millones de euros y da empleo a más de 200.000 personas en toda la Unión Europea (UE) donde existen unos 1.500 complejos de tiempo compartido, que suponen anualmente 85.000 alojamientos en este régimen.
Los cinco primeros destinos de este tipo de producto son España, Italia, Portugal, Reino Unido y Francia, que en total poseen el 75,3% de los centros de vacaciones en Europa. Sólo España, donde el time sharing produce 4.200 millones de euros, abarca el 35,3% de este tipo de alojamientos, de los cuales más de un tercio están situados en Canarias, según datos ofrecidos por el Parlamento Europeo.
Los Estados miembros tienen dos años (hasta finales de 2010) para transponer las nuevas normas acordadas en primera lectura entre el Consejo y la Eurocámara ?que aprobó el texto consensuado por 674 votos a favor, 16 en contra y 10 abstenciones-.
La nueva directiva amplía su aplicación a los ''nuevos productos que han aparecido en el mercado''
La nueva directiva, que remplazará a la normativa vigente desde 1994, crea un “marco moderno, simplificado y coherente” y colma las lagunas existentes ya que amplía su aplicación a los “nuevos productos que han aparecido en el mercado”.
En este sentido, la normativa comunitaria incluye los productos de larga duración como los “clubes de ofertas vacacionales”, donde no se podrán exigir el previo pago de la totalidad de la inscripción si no que los consumidores podrán pagar cuotas anuales.
“Las vacaciones en régimen similar al aprovechamiento por turno en buques de crucero, barcazas o caravanas” también se enmarcan en esta nueva directiva al igual que la “reventa de derechos de aprovechamiento por turno” y los “clubes de intercambio” que permiten, cita el Ejecutivo comunitario a modo de ejemplo, “cambiar su semana en Canarias por una semana en los Alpes, previo pago de una cuota adicional”. “Con la introducción de nuevos requisitos de información” se facilitará que los turistas “tengan una imagen más realista de la oferta y no terminen decepcionados”, añade la Comisión Europea.
Aparte de esta ampliación a los nuevos productos vacacionales, las nuevas normas europeas también incluirán a los “contratos más cortos” ?con una duración inferior a tres años-.
Asimismo, los consumidores dispondrán de un “periodo de reflexión de 14 días (frente a los 10 que pedía el Consejo en un principio) para retirarse de la multipropiedad o de los productos de vacaciones a largo plazo, ya sea un contrato de venta o reventa o se trate de un cambio de titularidad”. El “vendedor tendrá que informar al consumidor de este derecho”, afirma un comunicado.
“Todo pago del precio fijado en un contrato de larga duración (en un club, por ejemplo) se hará de acuerdo a un calendario establecido en la nueva directiva”. Los “plazos serán anuales y las cantidades iguales” y se prohíbe “cualquier pago anticipado, garantía o señal antes de que finalice el periodo de recesión”, agrega el texto.
Estas nuevas normas aseguran que los consumidores obtengan la “misma protección en cualquier lugar de la UE”, y establecen una “situación equitativa en el mercado para el tiempo compartido y otros productos vacacionales”, resalta el Ejecutivo comunitario.
La comisaria europea de Protección del Consumidor, Meglena Kuneva, se ha felicitado de la adopción por parte del Parlamento Europeo de esta nueva directiva “que va a permitir que los consumidores puedan contratar tranquilamente las vacaciones de sus sueños”.
Para Kuneva, las nuevas normas suponen la mejor garantía para los “consumidores en el mercado moderno de las vacaciones, e impedirán que los comerciantes deshonestos se aprovechen de las lagunas de la normativa” que estaba en vigor desde 1994.
