El Gobierno canario frena la implantación del gas en Gran Canaria
El Cabildo de Gran Canaria se encuentra desde mayo de 2009 en manos del Gobierno de Canarias en relación a la implantación y desarrollo de energías alternativas en la isla, y en concreto a la puesta en marcha de la planta regasificadora en el muelle y polígono industrial de Arinaga (Agüimes), al arrogarse desde hace dos años la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno las competencias para tramitar el denominado Plan de Infraestructuras de Hidrocarburos (PTE-34) contemplado en el Plan Insular de Ordenación de la isla (PIOGC) vigente.
El presidente del Cabildo, el socialista José Miguel Pérez, explicaba este lunes la situación en una entrevista en el programa El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO: “El Gobierno de Canarias en esta legislatura decidió por voluntad propia quedarse con el planeamiento del territorio para el gas en Gran Canaria. Decidió que lo hacían ellos y no lo han hecho”. De este retraso culpa al consejero autonómico (antes de Industria y ahora al frente de Economía) Jorge Rodríguez de Coalición Canaria, quien afirmaba hace poco que el propio Cabildo era el responsable.
Muy al contrario, José Miguel Pérez asegura que ha recibido “la callada por respuesta” ante sus peticiones. Según consta en una serie de escritos oficiales cursados entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria entre mayo de 2009 y julio de 2010, la Corporación insular viene reclamando desde hace meses información a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, ahora en manos de Mari Mar Julios (CC), para que indique el estado actual de la tramitación del denominado Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas de la isla de Gran Canaria, incluido en el PTE-34 de Infraestructuras de Hidrocarburos, al no tener conocimiento oficial el Cabildo de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno.
Nada de ello se ha hecho por parte del Ejecutivo autónomo, según desvelaba este lunes José Miguel Pérez en El Correíllo, documentación en mano. Es más, el último requerimiento al Gobierno se produjo el 13 de julio pasado por parte del consejero de gobierno de Política Territorial, Emilio Mayoral, recordando a la Consejería su decisión de asumir, en mayo de 2009, la tramitación del Plan energético “en ejecución de sus competencias establecidas en el Decreto 405 / 2007”.
El Cabildo grancanario pretendió en mayo de 2009 poner en marcha, por su cuenta, el PTE-34 energético, al haber rebasado el Gobierno los plazos que vencían en febrero de 2004 para la redacción y formulación del Plan Territorial. Sin embargo, la decisión de la Corporación insular fue bloqueada por el entonces director general de Energía, Adrián Mendoza (CC), durante el periodo del actual consejero de Economía y Hacienda, Jorge Rodríguez (CC), al frente de Empleo, Industria y Comercio.
Desde el Gobierno de Canarias, hace dos años se indicó al Cabildo grancanario que las competencias seguían siendo del Ejecutivo, al entender la Comunidad que no había habido paralización de los trámites de desarrollo del Plan y alegando falta de colaboración desde el gobierno insular de Gran Canaria para firmar un convenio como habían aceptado el resto de cabildos insulares. Lo cierto es que, desde entonces, el Gobierno es responsable de las competencias para tramitar el Plan Energético y desde el Cabildo no se tiene conocimiento oficial de en qué estado se encuentran las actuaciones planificadas.
