El Gobierno plantea exenciones en los costes del despido

El Gobierno propuso este lunes a los agentes sociales aplicar para los nuevos contratos de fomento de la contratación indefinida, “con carácter transitorio y excepcional”, medidas como “la exención de una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos” para superar situaciones económicas adversas.

Según concretó en rueda de prensa el director del Gabinete para el Diálogo Social, Alfonso Morón, se trataría de explotar la posibilidad que actualmente contempla el Estatuto de los Trabajadores para empresas de menos de 25 trabajadores, para las que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) cubre el 40% del coste de los despidos procedentes.

Ésta es la principal novedad que se recoge el nuevo documento de reforma laboral del Gobierno trasladado a los agentes sociales este lunes, a partir de un primer documento de propuestas de reforma laboral articulado en torno a ocho puntos a modo de hoja de ruta trasladado el 5 de febrero.

Morón argumentó que “para incentivar la creación de empleo estable al Gobierno sólo se le ocurre aligerar los costes, o bonificando la contratación o eliminando la incertidumbre en los casos de despido”. Así, esta medida sería incompatible con el cobro de bonificaciones.

Con todo, los representantes de los sindicatos negaron que estas cuestiones aparecieran en la reunión de la mesa del diálogo social. Según el secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, “en la mesa no se han tratado estos temas”.

Mayor uso de la indemnización de 33 días

Otra de las novedades del documento es el impulso del contrato de fomento --indemnización de 33 días en lugar de 45 días-- “igualando el coste de indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias, como sucede en el contrato indefinido ordinario”.

En la actualidad, el contrato de fomento sólo contempla una indemnización de 33 días en el caso de despido improcedente por causas económicas, con lo que la medida propuesta por el Gobierno extendería esta modalidad más barata también a aquellos despidos por causas disciplinares.

Sin noticias del modelo austriaco

Por otro lado, el Gobierno propuso adaptar el modelo laboral austriaco para fomentar, entre otras cosas, una movilidad más “sana”, si bien, según Morón, “aún no ha formulado una propuesta” concreta. De esta forma, no confirmó si esta adaptación pasa por la creación de un fondo por despido para cada trabajador a partir de aportaciones empresariales.

Al respecto, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, indicó que “no se puede improvisar en meses” la adaptación del modelo austriaco, y quiso dejar claro que ello llevará tiempo para “evitar frustraciones”.

Ahora bien, el Ejecutivo puso sobre la mesa “recuperar en la práctica la causalidad del despido y el derecho a la tutela judicial efectiva”. “Ello aconsejaría profundizar en cómo objetivar con mayor claridad las causas de los despidos económicos y en cómo deberían regularse ciertas prácticas que han desnaturalizado los procedimientos de extinción de contratos”, añade el documento.

Al respecto, tanto Górriz como Ferrer reiteraron que están dispuestos a hablar de contratación, pero no de la renuncia a la tutela judicial ni al abaratamiento del despido, ni reducir las causas del despido, al considerar que las actuales son suficientes.

Por otro lado, preguntado por si el Gobierno está abierto a rebajar cotizaciones sociales a las empresas, se limitó a señalar que la CEOE ha planteado “con sinceridad” su propuesta al respecto, pero que el Gobierno no ha recogido una medida en esta dirección en su propuesta.

Otras de las cuestiones planteadas por el Gobierno son la necesidad de ampliar el uso del trabajo a tiempo parcial, el incremento de las bonificaciones por contratación indefinida de jóvenes, un mayor uso de los contratos de formación, un plan específico para el empleo de jóvenes y la revisión del sistema de bonificaciones. Por último, el documento del Gobierno también incluye actuaciones para fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal del empleo.

Asimismo, el Gobierno asegura que mantendrá, al menos en los próximos dos años, la contratación de orientadores para facilitar la búsqueda de empleo a parados, pero consideró “obligado” analizar la apertura de la intermediación a empresas de trabajo temporal.

No hay acuerdo a la vista

Por otro lado, Morón avanzó que si bien las partes se dieron hasta finales de abril para cerrar un acuerdo de reforma laboral, éste siempre fue un plazo “orientativo con lo que el mes de abril ”no será un obstáculo para seguir negociando“, algo que también apoyaron los sindicatos. En este sentido, Ferrer indicó que ”el final de abril puede acabar el 20 de mayo“, mientras que Górriz habló de finales de mayo o ya el mes de junio.

Además, Morón negó que la intención del Gobierno fuese presentar este lunes un guión definitivo de reforma laboral y, en este sentido, el documento ya indica que “no es un documento final, sino un paso más respecto al documento inicial”, presentado el 5 de febrero.

Y es que, aunque ambos sindicatos consideraron que la propuesta del Gobierno no encierra un recorte de derechos, según CC.OO. el perfil de la propuesta del Gobierno está “alejado de un acuerdo” y refleja “ambigüedades”.

Además, los sindicatos coincidieron en alcanzar acuerdos sobre cuestiones urgentes y dar un margen a la negociación para alcanzar pactos sobre materias estructurales, entre los que incluyó todo lo relacionado con la contratación.

Por su parte, Ferrer consideró que “todas las partes deben asumir el mismo grado de compromiso” y avanzó que, en lo que respecta a UGT, el sindicato es optimista pese a que, como en el caso de CC.OO., ve “ambigüedades” en cuestiones como la contratación.

Por último, los representantes de la patronal no comparecieron ante los medios, si bien fuentes de la CEOE indicaron que “analizarán” el documento del Gobierno con “atención y determinación”, y expresaron su voluntad de “alcanzar acuerdos ambiciosos y con contenido”.

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