El Gobierno pide una urgente ''comisión de crisis'' frente a la huelga en Binter
El Gobierno de Canarias acordó este martes pedir al Estado “la urgente convocatoria” de la denominada “comisión de crisis” sobre las obligaciones de servicio público aéreo entre islas, a fin de atajar los “graves perjuicios” que provoca desde hace meses la huelga de pilotos de Binter.
Una compañía aérea que, en la medida en que copa casi todo el mercado interinsular, compartido sólo con un segundo operador de muy menores dimensiones, y es, “para muchas islas, el único operador aéreo”, pone en cuestión con su conflicto la “necesaria cohesión social” del Archipiélago, en opinión del Ejecutivo, según afirmó el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano.
Ese conjunto de circunstancias, unido al hecho de que los efectos negativos de esta huelga que dura ya más de tres meses pueden verse multiplicados con la llegada de las vacaciones de verano y el previsible incremento de la demanda de vuelos, determinó que el acuerdo sobre Binter fuera el principal tema tratado por el Consejo de Gobierno en su primera reunión de la legislatura, explicó.
“No podemos ya permanecer impasibles en un conflicto que se gestiona desde la Administración del Estado” sin obtener resultados, argumentó Ruano, que destacó que, desde ese parecer, el Gobierno de Canarias pedirá al Ministerio de Fomento que, “si tiene que adoptar alguna medida, lo haga” con la compañía Binter.
Compañía que dijo está, “en gran parte, descapitalizándose en favor de otra empresa, Naysa, para mantener sus posiciones en un conflicto salarial con sus pilotos”.
Y, frente a esa situación, insistió en que el Gobierno de Canarias exigirá “que se produzca ya una movilización real por parte de las autoridades del Ministerio de Fomento” y se aplique “un modo de obligar a ambas partes a alcanzar un acuerdo que no perjudique a los usuarios”.
Avanzó, además, que en su acuerdo de este martes, el Consejo de Gobierno regional recoge su decisión de instar al Ejecutivo español a acometer iniciativas tendentes a favorecer la entrada de nuevos operadores en el mercado aéreo interinsular, así como solicitar la transferencia a la Comunidad Autónoma de las competencias en materia de dichos transportes.
