La patronal del alquiler vacacional acusa al Ayuntamiento de Las Palmas de prohibir esta actividad en la capital

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha acusado este martes al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de pretender prohibir su actividad, que afirma que es “una modalidad turística debidamente regulada”, al proyectar que solo se pueda hacer en edificios con accesos diferentes para vecinos y visitantes.

Una “medida desproporcionada” que, en la práctica, supone “una auténtica prohibición de la vivienda vacacional” en la capital, pues “¿qué edificio de la ciudad cuenta con una entrada independiente para determinadas viviendas que se dediquen a un fin concreto? Ninguno”, argumenta la organización en un comunicado.

Con él sale al paso de una limitación a la actividad de sus socios que prevé establecer el Ayuntamiento a través de su nuevo Plan General de Ordenación Municipal, y que asegura perjudicaría a la “práctica totalidad” de las más de 1300 viviendas vacacionales debidamente registradas que existen en la ciudad, ya que, por lo general, “no están en disposición de cumplir con la previsión de acceso independiente”.

Y, al tiempo, cuestiona lo adecuado de la medida porque “la entrada independiente es exigida a la vivienda vacacional y no a otras actividades que se desarrollen en un edificio residencial, por ejemplo, un estudio de arquitectos o un despacho de abogados”, que, “sin lugar a dudas, generan mucho más tráfico diario de personas que una vivienda vacacional” afirma.

La Ascav rechaza la iniciativa, además, porque, a su entender, “el Ayuntamiento está haciendo uso de la normativa urbanística para prohibir una tipología turística autorizada por el Gobierno de Canarias en zonas residenciales”

Lo cual supone una “invasión de competencias” que no le corresponden, porque “los ayuntamientos no tienen competencia en materia de ordenación turística, la cual es exclusiva del Gobierno de Canarias”, sostiene.

La Ascav considera, por otra parte, que, “con esta ordenanza, el Ayuntamiento está lanzando un claro mensaje negativo y nefasto para el devenir turístico de la capital, pues lleva implícita la insinuación firme de que los turistas molestan y que la actividad turística genera perjuicios para la ciudad y para los residentes, por lo que se les debe aislar”, según expone.

Por todo lo dicho, concluye que la normativa proyectada constituye un perjuicio para la capital isleña, donde asegura que “los beneficios que la vivienda vacacional genera son incontestables”, pues “el 46,6 % de las plazas alojativas de la capital corresponden a esta tipología de alojamiento y el gasto por turista y día en 2017 en la capital fue de 160,58 euros”.