Paulino Rivero frena a los controladores
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, señaló este viernes que “los canarios no podemos tolerar que unos pocos privilegiados vuelvan a poner patas arriba nuestros aeropuertos, que generen incertidumbre en el Turismo y que hagan daño a las familias canarias cuando les dejaron colgadas en las fechas navideñas”, en relación a la distinta interpretación que han realizado los controladores aéreos del convenio suscrito con Fomento, que ha derivado en huelgas encubiertas.
“Les hemos exigido al ministro [José Blanco] que adopte todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los aeropuertos”, enfatizó el presidente del Gobierno de Canarias, al tiempo que significó que “llevamos seis meses de tendencia positiva en la economía, bajando las cifras de desempleados y tienen que ver en parte importante por la reactivación del turismo”.
En esta misma línea, Rivero espera que el Consejo de Ministro adopte este viernes “alguna medida importante” para interpretar el convenio suscrito con los controladores. “Los controladores están haciendo una interpretación unilateral. Hoy el Gobierno tiene que hacer la interpretación de quien corresponde gobernar. Espero que se tome la decisión de interpretar ese convenio de una forma correcta y ajustada a derecho”, reclamó el jefe del Ejecutivo.
“Le he pedido al ministro que se complementen esas medidas en el Consejo de Ministros, que todavía son insuficientes. Son necesarias otras medidas más contundentes, que espero que se adopten a lo largo de los próximos 15 días”, afirmó Paulino Rivero, quien señaló que tiene “el compromiso” de que se trabajará en ellas y se va a complementar a la decisión que tome el Consejo de Ministros.
“Aquel que no tome sus obligaciones que asuma las consecuencias derivadas de lo que puede ser una responsabilidad importante”, recalcó el presidente regional, antes de precisar que “aquí no tenemos ninguna opción para movernos en caso de huelga, por lo que tenemos que tener la garantía de que no se altere un servicio esencial”.
