Proyectos inconcretos y órganos dispersos: por qué el Gobierno canario solo ejecuta la mitad de sus inversiones

La Audiencia de Cuentas ha estudiado el gran agujero presupuestario que suponen los fondos de inversión en Canarias, aquellos gastos millonarios llamados a promover mejores infraestructuras e instalaciones, pero que apenas cuentan con un grado de ejecución por encima del 55% (al menos así ocurrió el año pasado). ¿Los motivos? Muchos de esos proyectos nacen inmaduros, sin ninguna concreción cuando son incluidos en las cuentas públicas. Y el Ejecutivo regional no cuenta con un servicio que centralice todas las operaciones, sino múltiples y pequeñas unidades administrativas repartidas entre las consejerías que, a juicio del órgano, eternizan los procedimientos.

Así ha concluido la Audiencia en un informe aprobado el pasado 30 de septiembre y firmado este 7 de octubre por su presidente, Pedro Pacheco. Ese documento muestra que, entre 2019 y 2023, mientras gobernaba el Archipiélago el denominado Pacto de las Flores (PSOE, NC, Podemos y ASG), la ejecución del capítulo de inversiones apenas alcanzó el 56%. Se presupuestaron 2.775,7 millones de euros durante ese tiempo, pero solo se ejecutaron 1.550. Es un porcentaje prácticamente idéntico al registrado en 2024, el primer curso completo de CC y PP al mando. Por lo que las conclusiones extraídas del Gobierno de Ángel Víctor Torres pueden extrapolarse al de Fernando Clavijo.

La escasa ejecución en ese cuatrienio sitúa a las Islas en el tercer puesto por la cola de la clasificación nacional, solo por delante de la Comunitat Valenciana (53,5%) y Andalucía (53,3%). Pero esto no es nuevo. Desde 2002, el Archipiélago solo ha alcanzado en un curso (2014) el 90% del cumplimiento en este capítulo. La media en más de dos décadas es del 67%, muy por debajo del promedio general de las cuentas, cifrado en el 92%. Lo que confirma que estamos ante un mal endémico más que una crisis coyuntural. Las causas, ha desglosado la Audiencia de Cuentas en un informe de 49 páginas, son varias.

En primer lugar, se presupuestan proyectos “sin la madurez necesaria” para asegurar su ejecución en tiempo y forma, muy condicionados por los fondos finalistas que los sufragan, es decir, partidas destinadas a un propósito específico y predefinido (desde una carretera hasta una escuela) que no pueden ser transferidos a otras áreas. Ello “obliga”, destaca el texto, a presupuestar obras, “aunque no estén adecuadamente planificadas”, simplemente para cubrir con posibles gastos la previsión total de ingresos. La Audiencia estima que entre el 60 y el 70% de los proyectos se financian así.

Por otro lado, los instrumentos de planificación estratégica (IPE), tan extendidos ahora por los fondos europeos Next Generation, tampoco definen las inversiones “con el nivel de detalle apropiado” para su ejecución. Un ejemplo: la iniciativa de escolarización de 0 a 3 años. El informe señala que se aprobó su inclusión en una de las actuaciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), se consignaron los créditos y hasta se aprobó una unidad administrativa para su tramitación. Pero los técnicos no encontraron “ningún antecedentes ni información previa” para su despliegue, “ni siquiera existía un estudio sobre el reparto por municipios del número de niños con edades comprendidas entre cero y tres años”.

Otro problema es la dispersión de las unidades de contratación. La Administración de Clavijo cuenta con 47 órganos por el estilo entre todos sus departamentos, con una media de dos trabajadores cada uno. El gestor de expedientes de contratación electrónica (GECE), aún en proceso de implantación, abarca un total de 67. La Audiencia cree que esta “gran dispersión (…) no es adecuada para optimizar el proceso de contratación”. Considera que sería conveniente concentrar los medios y recursos en unos pocos equipos, especializados por tipologías de contratos (de obra, servicios tecnológicos, suministros…), capaces de llevar todos los procedimientos.

El documento también muestra que la falta de personal para elaborar la declaración de impacto ambiental de las inversiones “retrasa considerablemente” su aprobación. A fecha de febrero de este año, la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático solo contaba con tres funcionarios para esta cuestión (un jefe y dos técnicos), seis laborales y un trabajador de la empresa pública GESPLAN contratado. Son ellos quienes tienen que evaluar cada proyecto presentado, su estudio ambiental (realizado siempre por una empresa privada) y las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública.

La ley establece un plazo de cuatro meses para emitir la declaración. Pero con los recursos disponibles “es imposible cumplirlo”, reconoce la Audiencia de Cuentas. En algunos casos, continúa el órgano fiscalizador, el tiempo de elaboración excede los dos años. Otro ejemplo: la granja de pulpos proyectada en Las Palmas de Gran Canaria lleva más de 24 meses en el trámite de evaluación ambiental ordinaria.

Un cuestionario planteado por la Audiencia a 36 empleados públicos de Canarias reveló cuáles son las tres causas, según este grupo de trabajadores, que explican el bajo porcentaje de ejecución de proyectos en el Archipiélago. El principal motivo, aseguran, son los retrasos motivados por trámites necesarios de coordinación y consultas con otros organismos. En segundo lugar, la ausencia de un servicio de contratación o su escasa dotación de medios personales y/o reducida estabilidad de su personal. Y tercero, plantean estos funcionarios que el procedimiento de la administración con la modificación de proyectos en ejecución “es extremadamente lento, realizándose algunos trámites que no son estrictamente necesarios”.

Todas estas razones explican por qué un proyecto de carreteras en las Islas tarda de media unos 177 meses (casi 15 años) en ejecutarse desde que se aprueba su presupuesto. O por qué un centro escolar espera 65 meses (cinco años y medio) en salir adelante. Igual que infraestructuras hidráulicas (52 meses), grandes equipamientos judiciales (61 meses) y proyectos de medio ambiente (40 meses), que también se eternizan. La Audiencia de Cuentas ha encontrado inversiones presupuestadas año tras año para las que al cierre de dichos cursos no se había ejecutado ni un solo euro.

“La planificación no desciende a los trámites, estudios previos, autorizaciones, etc., que se tienen que llevar a cabo antes de la ejecución presupuestaria de un crédito. La Administración debería dotarse de unidades administrativas que desarrollaran las tareas antes señaladas”, recomienda el informe. “Ello configuraría un almacén de proyectos maduros para su presupuestación y ejecución. Convendría que las normas de elaboración de los presupuestos exigieran el grado de madurez adecuado de las iniciativas para asegurar su ejecución en tiempo y forma”, remacha.

El órgano fiscalizador es muy duro con el uso que hace el Gobierno de Canarias con estos proyectos. Sugiere que “prima más hacer efectivo el cobro de la financiación que asegurar la ejecución de la inversión”. Y que ninguna orden, ni directriz, ni decreto establece “requisitos formales mínimos” para asegurar su viabilidad y ejecución. Algunas obras que no han avanzado nada pese a haberse consignado presupuesto para ellas entre 2019 y 2023 son: mejora del Puerto de Agaete (8,1 millones de euros); actuaciones en la TF-1, tramo Los Cristianos (24 millones de euros); o la variante de Vallehermoso (19,4 millones de euros).

Más proyectos con remanente de crédito (o sea, presupuesto no gastado) son: la carretera Agaete-La Aldea, con 35 millones de euros; una instalación de secado solar para la deshidratación intensiva de fangos de la EDAR de Adeje-Arona (13,3 millones); o la modernización de las administraciones de justicia (11,5 millones).