El sector de ambulancias se plantea acudir a la huelga
Los trabajadores del sector de las ambulancias se plantean la posibilidad de acudir a la huelga si el Gobierno de Canarias no rectifica una orden sobre acreditación profesional. En ella, fijándose en la normativa nacional, el ejecutivo oferta 100 plazas para que desde este sector puedan acreditarse, según su experiencia.
Sin embargo, según denuncian desde CC OO, en Canarias hay actualmente 1.800 profesionales que necesitarían acreditarse en un plazo de 10 años. El sindicato critica que desde el Gobierno no se haya discutido con el sector a la hora de reconocer la experiencia de los trabajadores de las ambulancias.
Para el Secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Pedro Moreno, esta situación en la que las empresas, al contar con un porcentaje de acreditados, “podrían despedir a muchísimos trabajadores”.
Además, los representantes sindicales, como el miembro del comité de empresa de Tacisa, Carlos Ojeda, critican que la orden “no aclara cuál es el sistema de evaluación ni quién va a evaluar la trayectoria profesional”.
En ese sentido, plantean la dificultad de determinados tipos de formación que el Gobierno podría imponer al no definirse en esta orden cuál es la vía para la acreditación.
“Actualmente la única manera de obtener el título de Técnico en Emergencias Sanitarias es a través de la FP”, explicó Ojeda, quien criticó la dificultad de compaginar la formación presencial “con jornadas laborales de 12 horas y guardias de 24”.
Para los dos próximos fines de semana el sindicato mayoritario en el sector de las ambulancias ha convocado asambleas en varias Islas. Éstas comenzarán el próximo sábado 27 en la Casa Sindical de Santa Cruz de Tenerife y continuarán hasta terminar en Gran Canaria el primer fin de semana de marzo.
En ellas, los representantes explicarán a los trabajadores la situación del sector tras esta orden de las Consejerías de Educación y de Empleo, fechada el 29 de enero. Así, en las asambleas se plantearán nuevas movilizaciones, que de no retirarse la orden podrían llevar a huelgas, como las que se han producido en el pasado de hasta cuatro meses y medio.
La principal crítica que hacen es directamente la labor del actual gerente de Gestión Sanitaria de Canarias, Luis Molina, a quien acusan de romper negociaciones con el sector. También plantean que “no se puede pretender vaciar de profesionales el sector”, motivo principal de su lucha.