El Gobierno canario y las eólicas piden más plazo para los nuevos parques
La Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y las empresas adjudicatarias de potencia eólica en las islas coinciden en la necesidad de que el Estado amplíe la fecha límite para la puesta en marcha de los parques eólicos, fijada en diciembre de 2016.
Todos los parques que quieran acogerse a un cupo de 440 megavatios, con una retribución media de 84 euros por megavatio/hora, deben estar en marcha el 31 de diciembre de 2016, ha recordado la directora general de Industria y Energía de la comunidad autónoma, María Antonia Moreno, para quien la fecha que impone el Ministerio de Industria “es difícil de cumplir”, por lo que espera que el Estado sea flexible.
El presidente de la Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico de Canarias, Claudio Palmés, cree que el Ministerio “ha sido demasiado ambicioso” con una fecha que, en la práctica, ven de “imposible cumplimiento”, pues los promotores de parques eólicos no pueden instalarlos antes de esa fecha, ya que las infraestructuras de conexión, que son “como los enchufes donde se conectan”, no están construidas y deben estarlo antes de finalizar los parques.
Por ello, los promotores confían en que el Ministerio amplíe la fecha y establezca otra que sea “más razonable”, ha dicho Palmés, quien este martes se ha reunido junto a representantes de empresas adjudicatarias de energía eólica con la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo (PSOE), y la directora general de Industria, María Antonia Moreno.
Palmés ha recordado que la fecha fijada es importante, pues da derecho a percibir la retribución económica establecida, y ha considerado que debe tenerse en cuenta el tiempo que Red Eléctrica necesita para construir las subestaciones.
Los promotores barajan la posibilidad de ampliar la fecha límite desde de diciembre de 2016 a diciembre de 2018, pero opinan tal vez sea insuficiente, porque “es algo que depende de Red Eléctrica y del Ministerio”, ha dicho Palmés.
A su juicio “no puede ser todo tan rápido, se necesita tiempo”, y si la fecha no se modifica, “es imposible instalar la mayoría de los parques”.
Asimismo, el portavoz de este colectivo de empresas se ha referido a la posibilidad de que el Tribunal Supremo admita el recurso de casación presentado por algunos empresarios contra la resolución del concurso eólico de 2007, lo que supondría un retraso añadido “de dos años, o dos años y medio”.
En caso de que ese recurso se presente, la Consejería de Industria ha avanzado la posibilidad de regular el sector mediante un decreto que permita avanzar en la instalación, y los promotores deberían plantearse si desisten de las adjudicaciones del concurso y se acogen al nuevo decreto.
El proceso judicial en marcha afecta a los parques de Gran Canaria y Tenerife, donde se encuentran la mayoría de los parques, pues, de los 440 megavatios que se instalan en total, 370 megavatios corresponden a las dos islas capitalinas, ha dicho Palmés.
La directora general de Industria y Energía ha recordado que se trata de un total de 39 parques eólicos y es necesario que las subestaciones estén funcionando, a lo que suman las dificultades administrativas.
Asimismo, ha señalado que, a día de hoy, el Tribunal Supremo no ha admitido ningún recurso de casación y, en caso de que lo haga, la comunidad autónoma intentará buscar una solución para que no se produzcan más retrasos.
El Gobierno de Canarias pretende alcanzar el 36 por ciento de energía renovable en el sistema eléctrico hasta 2020, lo que supone 1.025 megavatios de potencia eólica para toda Canarias, una cifra muy superior al 8 por ciento actual, por lo que “el salto es importantísimo y hace falta seguir trabajando y duro”, ha indicado Moreno.
