La falta de inversores obliga al Ministerio de Soria a ampliar el plazo para instalar eólica en Canarias
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que dirige José Manuel Soria, ha reculado y decidido ampliar el plazo para la inscripción de los proyectos que permitan instalar 450 megavatios (MW) procedentes de energía eólica en Canarias. El motivo: sólo 15MW, es decir, el 3,33% de la potencia prevista, ha sido la cifra que formalmente se ha inscrito antes de que finalizara el plazo ahora prorrogado, que culminaba el pasado noviembre.
Los datos quedan pequeños si se comparan con los cálculos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que estima que la instalación de 450 MW eólicos en Canarias supondrá una inversión de unos 630 millones de euros, la creación de aproximadamente 3.500 empleos durante la construcción de los parques y entre 1.000 y 1.400 puestos de trabajo fijos en el Archipiélago.
La AEE señala que, del total de megavatios inscritos, ninguno procede de los concursos canarios que se pretendía priorizar. Una falta de interés que se produce a pesar de que el Archipiélago cuenta con la excepcionalidad de percibir la retribución a la inversión de manera directa y sin tener que pasar por el mecanismo de subastas que rige el sector desde la entrada en vigor de la Reforma Energética.
El presidente de la Asociación Eólica de Canarias, Rafael Martell, recuerda que ante la falta de parques inscritos para la nueva tarifa específica para Canarias, representantes del Ministerio se pusieron en contacto con el colectivo para tratar de revertir la situación. Para Martell, los motivos por los que no se han apuntado los inversores son variados y entre ellos se encuentran la inseguridad jurídica, la imposibilidad de cumplir con los plazos, la necesidad de presentar avales inmediatamente y, en el caso de Gran Canaria, los problemas relacionados con los espacios circundantes sujetos a servidumbres aeronáuticas.
“Yo no creo que sea un problema de capital, hay inversores con intereses” afirma Martell. Sin embargo, añade que “ya hemos visto lo que ha pasado con la fotovoltaica, que se han quitado las retribuciones con carácter retroactivo. Hemos visto muchas situaciones que han sido perjudiciales para los inversores y éstos tienen miedo”.
Tanto el Gobierno de Canarias, como y las empresas adjudicatarias de potencia eólica en las islas, ya habían alertado al Gobierno central de la necesidad de ampliar la fecha para la puesta en marcha de los parques, fijada en diciembre de 2016. En un encuentro celebrado el pasado noviembre, el presidente de la asociación de adjudicatarios del concurso eólico de Canarias, Claudio Palmés, calificó el límite temporal de “imposible cumplimiento”, ya que las infraestructuras de conexión, que son “como los enchufes donde se conectan”, no están construidas.
“Pilas” para el Gobierno canario
Aunque considera que la ampliación del plazo es una buena noticia, Palmés recrudece su discurso respecto a la actuación del Gobierno de Canario, al que recomienda que “se ponga las pilas”. En ese sentido, denuncia que los promotores canarios no se han registrado en la iniciativa debido a que la Administración regional “es muy lenta tramitando los proyectos, por lo que ahora hay que decirle que se dé prisa en autorizar los parques que siguen pendientes”.
“Dependemos de ellos, si el Gobierno de Canarias tramita los parques y nos los autoriza antes de final de año, podremos llegar a tiempo, sino, pues no llegaremos. No depende de los promotores, la pelota está ahora encima de su tejado”, apostilla.
Palmés se muestra resignado ante la presencia de capital externo a las islas en el reparto de los 450 MW, teniendo en cuenta la cantidad de inversores canarios que llevan años atascados en el concurso de 2007, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias seis años después. Asimismo, recuerda que la mayoría de las instalaciones eólicas en las islas se tramitan desde el año 2009 y que, de los 39 parques adjudicados, solamente 17 cuentan con la declaración de impacto ambiental, que es uno de los trámites necesarios para obtener la autorización.
Aunque la propuesta de Aeolican y AEE de que los parques existentes en el Archipiélago perciban un incentivo a la reducción de costes de generación durante toda su vida útil - de modo que no haya discriminación con las demás tecnologías de generación – no fue tenida en cuenta por el Ministerio, Martell confía en que la ampliación de la fecha de inscripción y el apoyo del Gobierno canario, que “siempre ha parecido ser muy pro-renovable”, atraiga la inversión.
El nuevo plazo de inscripción en el registro se establece el 31 de diciembre de 2015. Asimismo, se amplía hasta el mismo día del 2018 la fecha límite para que los aerogeneradores estén instalados y en funcionamiento.
