La nueva juez de 'Unión' denuncia que el Gobierno canario no le presta apoyo técnico
En el auto dictado el pasado 3 de octubre por Lucía Barrancos, juez titular del Juzgado número 5 de Arrecife, la magistrada denuncia que el caso lleva “prácticamente paralizado” desde el mes de diciembre, cuando finalizó la primera comisión de servicios otorgada al juez César Romero Pamparacuatro, primer instructor del sumario.
Señala la juez en el auto que “es necesario darle un nuevo impulso a una causa que se ha mantenido prácticamente paralizada en su instrucción desde el último trimestre de 2010, lo que difícilmente será posible si, a la tremenda carga de trabajo de este juzgado se añade otra dificultad como es el excesivo volumen del procedimiento, que se encuentra en diferentes fases con respecto a los distintos hechos investigados y personas imputadas”.
“La fragmentación de la causa -señala- permitirá agilizar el procedimiento de manera que los imputados puedan ver garantizado su derecho a que el proceso se tramite sin diliaciones indebidas permitiendo que la instrucción pueda finalizar con la mayor celeridad posible, sea confirmándose la imputación inicial o sea mediante el sobreseimiento que corresponda” y añade que “los más de 30.000 folios que en la actualidad conforman las actuaciones exigen una depuración y simplificación que permita avanzar en la instrucción, lo que hace inevitable la fragmentación del procedimiento, para garantizar el derecho de los imputados, como también de todos los ciudadanos, a que el procedimiento se ventile en un tiempo razonable y que el mismo no se dilate innecesariamente.”
Barrancos destaca los motivos por los que no ha dictado antes este auto: “el tremendo volumen de la causa y la reciente incorporación de esta nueva titular al juzgado con fecha de efectividad el 27 de mayo de 2011” y recuerda en el auto que “dada la ingente carga de trabajo del Juzgado de Instancia número 5 de Arrecife, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial aprobaron el nombramiento de Juan José Cobo (titular del Juzgado de Instancia número 4), para una comisión de servicios sin relevación de funciones de manera que pudiera hacerse cargo parcialmente de los procedimientos civiles de este juzgado, que han ido aumentando exponencialmente con la separación de jurisdicciones en enero de 2011”.
“Sin embargo -asegura- este nombramiento, previsto para que esta titular pudiera afrontar con mayor dedicación el estudio e instrucción (del caso Unión), no tuvo finalmente efectividad dado que estaba condicionado a la aportación de la consignación presupuestaria del Ministerio de Justicia, que finalmente la denegó nuevamente en septiembre de 2011”.
Problemas con el Gobierno de Canarias
El Gobierno central no es la única Administración que ha negado apoyo a la juez, que relata que el pasado 23 de junio “se solicitó del Gobierno de Canarias una herramienta informática adecuada que permitiera la selección y copia de los folios (?) a efectos de continuar las instrucción de los restantes hechos delictivos y que, una vez se pudiera obtener la extracción automatizada de los folios, sin necesidad de su copia manual e individualizada, se accediese a la solicitud de que la impresión de los folios se hiciera por una copistería, dada la insuficiencia demostrada de las impresoras del órgano judicial para la impresión de los miles de folios de los que habría de dejarse oportuno testimonio. En la actualidad no se ha obtenido ninguna respuesta respecto de ambas solicitudes, que facilitarían enormemente la instrucción del procedimiento”.
